TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de que el juez natural de primera instancia, Edwin Ortez, autorizara la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, conocido como «JOH», su defensa legal aseguró que interpondrá el recurso de apelación correspondiente para cambiar esa decisión, tal como lo establece el auto acordado que aprobó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en 2013.
Luego de salir de la CSJ y comparecer ante medios de comunicación, Félix Ávila, apoderado legal de Hernández, señaló que «hay puntos importantes que pueden ser rectificados por el pleno de magistrados».
Durante su comparecencia, el togado reveló que presentaron una infinidad de pruebas para desvirtuar los cargos que se le acusan al exmandatario.
«Es importante decir que el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Honduras no es ley y no es marco legal suficiente para ordenar la extradición. Se puede decir que se han cometido errores anteriormente en haber extraditado a personas y este era el momento de que se rectificaran. Sin embargo, tenemos la decisión de un juez que se respeta y obviamente se interpondrá el recurso de apelación ante el pleno de la CSJ», aseguró Ávila.
Según el profesional del derecho, el recurso se interpone en el tiempo que establece la ley, que son tres días y la CSJ establece un plazo para la respuesta.
«Nos atenemos a una normativa que es el auto acordado. Se ha cuestionado que esa normativa de carácter administrativo no tiene carácter de ley. Sin embargo, con eso que el Poder Judicial está entregando a un hondureño, obviamente sabemos que en el marco legal del Derecho Internacional de los derechos humanos, esto se constituye como una violación a los tratados y obviamente genera la responsabilidad internacional», expuso.
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Multiplicidad de violaciones
«El tratado de extradición es claro y dice que ninguno de los Estados contratantes está obligado a extraditar y a entregar a uno de sus nacionales. Entonces, la cuestión sería preguntarse si Honduras solicitara a un estadounidense, EEUU lo entregaría. En ese sentido, se encuentran una multiplicidad de violaciones a las normas de derecho internacional de los derechos humanos», aseveró.
«Es claro y se trata de quien solicita el pedido de extradición y consecuencia de eso así es. Se estableció ante el juez precedentes que ocurrieron cuando Honduras solicitó a la señora Ciuffardy en extradición. En esa ocasión, la respuesta del Estado chileno fue que no procedía la extradición. Eso porque prefería juzgarla en su territorio debido a que no confiaba en una justicia como la de aquí. Esas son decisiones de Estado soberano. Ahora bien hay un Poder Judicial y lógicamente se respeta su decisión, pero eso no quiere decir que es la correcta», remarcó el togado.
Para finalizar, el abogado Félix Ávila, dijo desconocer los razonamientos jurídicos que motivaron ordenar la extradición del exmandatario hondureño.
«Solo sabemos nada más que el juez dio lectura de los puntos resolutivos. No hemos visto los razonamientos jurídicos de la resolución, por lo que hasta mañana podremos verlos, para así interponer el correspondiente recurso», concluyó.
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