TEUCIGALPA, HONDURAS. Si la población que se vacune contra la COVID-19 presenta algún efecto secundario luego de su aplicación, el gobierno de Honduras eximirá de responsabilidad al fabricante, así lo citó una fuente oficial a un medio local.
Dicho extremo, es una de las condiciones que la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gabi, por sus siglas en inglés) planteó a Honduras para financiar la dotación de 1.9 millones de dosis, que cubrirá al 20% de la población.
Sobre el proceso de adquisición, Honduras está en la obligación de enviar dos formularios a través del Fondo Rotatorio del Organización Panamericana de la Salud (OPS), para formalizar la petición.
Según citó el medio local, el primero denominado «formulario A», ya se envió el pasado 4 de diciembre. Este contempla tecnicismos sobre la aplicación de la vacuna.
Por su parte, el «formulario B» trata precisamente sobre eximir de responsabilidad a los fabricantes de la vacunas, así también de otros aspectos legales, detalló Yolani Batres, exsecretaria de Salud.
«La Parte B es relacionada con la aceptación por parte del país de eximir al fabricante en cuestión de toda responsabilidad. Esto, por los daños y perjuicios derivados de los reclamos de responsabilidad del producto», agregó la también profesional de la medicina.
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Mínimo riesgo
Batres explicó que librar de responsabilidad al fabricante se hace en la adquisición de todas las vacunas que adquiere el gobierno. Es decir, que no es un mecanismo nuevo.
A renglón seguido, sostuvo que la probabilidad que una vacuna genere alguna complicación a quien se la aplique es extremadamente bajo.
Lo anterior, » porque así lo demuestran las pruebas que se han hecho en los proyectos de producción del fármaco. Además, las entidades que autorizan sus usos nunca permitirían que una inyección ponga en riesgo la salud de las personas».
En consecuencia, la galeno pidió a la población que cuando la vacuna llegue a Honduras, no dude en aplicársela.
Contradicción
Consultada sobre el mismo tema, Berenice Molina, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, dijo que no conocía que haya un instrumento legal que brinde una protección de ese tipo a los desarrollares de vacunas en Honduras.
«Sobre el marco legal en ese tema no tengo conocimiento si existe alguna ley en Honduras. Debe consultar a un abogado«, expresó.
Además, se le consultó si ¿Todas las vacunas entran con exención de responsabilidad para el fabricante o solo es para este caso de emergencia para la vacuna contra el COVID-19, a lo que ella respondió: «ninguna vacuna».
Sin embargo, Molina aclaró que siempre se hacen las diligencias para aprobar ese amparo legal al fabricante.
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