Redacción. La crisis carcelaria que obligó al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro a ordenar una «dura intervención» requiere medidas drásticas, pero evitando militarizar los centros penales, según sugieren los expertos.
Y es que el pasado sábado 8 de abril, se registraron disturbios paralelamente en el interior de los centros penitenciarios de Siria y Támara, en Francisco Morazán. Así como en las instalaciones de La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso; y «El Pozo», en Ilama, Santa Bárbara.
Las reyertas en los centros penitenciarios dejaron el saldo de doce personas heridas y un fallecido. En los videos que se viralizaron se puede percibir que los reos portaban armas de fuego, incluso celulares con los que registraron los hechos dentro de las prisiones.
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Separación de grupos carcelarios
Tras los eventos violentos, el primer sector en pronunciarse fue el de los familiares de los privados de libertad. La representante de los familiares, Delma Ordóñez, pidió a la presidenta Xiomara Castro que se separen los reos que pertenecen a la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).
“Invito a la presidenta Xiomara Castro para que se aparten las diferentes pandillas dentro de las cárceles», expresó la señora. Al mismo tiempo, dijo que espera que la intervención que anunció la presidenta no sea una represalia a los reos.
«Esperamos que se paren las detenciones ilegales, se respeten los derechos humanos, y no se acuse fácilmente al mejor postor. Se debe de investigar qué fue lo que paso. Le digo a la presidenta Castro que se retome el trabajo en estas nuevas cárceles y se separen a las personas con enfermedades mentales, la comunidad LGTBI y otros grupos”, indicó.
¿Funcionará la intervención de las cárceles?
Ante el anuncio de Castro de intervenir los centros penitenciarios, la exfiscal Nilia Ramos dijo que la Comisión Interventora debe ser integrada por personas competentes. «Esperemos que (en) esta comisión que va a nombrar la presidenta ponga gente capaz, gente que sepa del tema”, manifestó.
Ramos teme que desde el Gobierno escojan a miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) «que han andado quemando llantas, que han andado haciendo política, pegando afiches”.
En el país existen profesionales de criminalística y doctores especialistas en derechos humanos que conocen de la problemática que podrían dar mayores resultados en la intervención, según la togada.
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“Esto de las cárceles en Honduras es una bomba de tiempo que viene de tiempos pasados. ¿Cuánto hace que están metiendo armas y cambiando autoridades, primero policial, después militares?”, se preguntó Ramos.
Por su parte, el abogado penalista Juan Carlos Sandoval es del criterio de que la intervención a las cárceles no es una solución a la crisis de seguridad que atraviesa Honduras.
«La intervención de cárceles nunca ha funcionado, no creo que sea conveniente que sean intervenidas. No es así que se busca una solución en materia de seguridad en el país», señaló.
Piden al Gobierno no militarizar el sistema penitenciario
Sobre el tema, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) emitió un comunicado donde pidió al Gobierno central evitar la militarización del sistema penitenciario.
«Recomendamos al Poder Ejecutivo no considerar la militarización del sistema penitenciario, nombrando militares para que realicen la gestión y custodia de la población privada de libertad», reza el documento publicado.
Asimismo, Conaprev recordó que la anterior intervención militar a los centros penales no rindió un informe de la gestión realizada, ni de avances y tampoco de los resultados alcanzados.
De hecho, luego de esta intervención militar, incrementaron las violaciones a los derechos humanos de los reos, punbtualizó Conaprev en su comunicado.
De acuerdo con la comisionada nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, entre el 2019 y el 2022 han atendido un total de 1,339 quejas de derechos humanos de los privados de libertad.
«Recomendamos fortalecer la carrera penitenciaria a fin de que la intervención de la Policía Nacional en el Instituto Nacional Penitenciario de manera gradual se traspase la gestión y administración penitenciaria como señala la Ley General del Sistema Nacional Penitenciario», establece.
De igual manera, pidieron que se destine más recurso humano capacitado para mejorar la seguridad integral dentro de las cárceles y que se trabaje en la reinserción, rehabilitación y reeducación de las personas privadas de libertad.
Traslados y clasificación de los presos
El excomisionado de la Policía Nacional, Danilo Orellana, aseguró que las autoridades gubernamentales no han tomado con seriedad el tema de los centros penales, pese a ser una situación que le concierne al Estado.
Además, remarcó que los controles que han intentado realizar en las cárceles no han funcionado por la corrupción enquistada al interior de la misma. «Hay corrupción en las cárceles y esto genera ingobernabilidad y violencia» manifestó.
El excomisionado sugirió que «las visitas deberían de ser autorizadas cada tres meses y hay que hacer una clasificación de los privados de libertad”.
Por otro lado, lamentó que el gobierno cambie lo que hicieron los anteriores mandatarios. «Se necesita un plan estructural a mediano y largo plazo, que se le dé continuidad», apuntó.
«Debe haber una clasificación de los presos. No pueden estar todos juntos; para el caso paisas con otros miembros de maras y pandillas», anotó Orellana.
Se debe eliminar la corrupción
El especialista en criminología, Gonzalo Sánchez, es del criterio de que no se debe buscar solamente controlar los tiroteos dentro de prisión, sino eliminar la corrupción en el sistema penitenciario.
«Mientras no se combata la corrupción al interior de estos centros penitenciarios el problema va a seguir, lo tome quien lo tome y lo intervenga quien lo intervenga», enfatizó.
Sánchez admitió que «no es fácil el control en los centros penales», pues «se conoce que muchos de los privados de libertad forman parte del crimen organizado, de maras y pandillas, por lo que se necesita mano dura«.
Por testimonios, aseguró el criminólogo, se sabe que hay custodios y personal administrativo de las cárceles que reciben entre 50 y 70 mil lempiras de los presos a cambio de facilitarles teléfonos celulares. Además, si se trata de ingresar armas, el pago incrementaría considerablemente.
«¿Cómo ingresan armas, drogas y hasta artefactos explosivos si hay sistemas de controles?» se cuestionó Sánchez. Seguidamente, argumentó que «algunos custodios de los centros penitenciarios y personal administrativo están involucrados con los presos».
Crimen organizado, un rival directo del Estado
El exministro de Defensa, Arístides Mejía, dijo que el problema del crimen organizado data de hace varias décadas, y que ha «echado tantas raíces», al punto de convertirse en un rival directo del Estado hondureño.
Recordó que el gobierno de Juan Orlando Hernández invirtió una gran cantidad de recursos en cárceles de máxima seguridad, sin obtener resultados en la reducción de las incidencias criminales.
«Es un problema difícil de solucionar a corto plazo, se necesita una política firme con muchos gobiernos. Que sea una política que tenga que ver con el conjunto de los problemas de la sociedad«, argumentó Mejía.
El Estado comienza a debilitarse cuando existen grupos con acceso a armas, que controlan territorios y cobran impuestos. Sin embargo, los medios para combatir estos males ya existen. “Honduras ya tiene profesionales de todo tipo, con grandes capacidades, hay gente con formación desde hace mucho tiempo en asuntos penitenciarios», explicó Mejía.
Lo más importante es «crear una política integral para poder solucionar el problema en el largo paso”, sentenció.
Si no controlan los presos, tampoco a los criminales libres
Si bien una gran cantidad de criminales se encuentran tras las rejas, hay muchos otros que se mantienen libres. El abogado Raúl Pineda se cuestionó: «Si no podemos controlar a los que están presos, ¿cómo vamos a controlar a los que están libres y armados?”.
En ese sentido, el profesional del Derecho enfatizó en que deben poner gente capaz a dirigir el sistema penitenciario, a fin de reducir la problemática.
“El problema no se resuelve haciendo más cárceles, ni se resuelve haciendo reformas legales. Se resuelve escogiendo el elemento humano adecuado para el manejo de estas instituciones”, puntualizó.
El abogado es de la opinión de que el país podría estar cerca de una guerra social debido a las crisis paralelas que suceden actualmente. Sin embargo, planteó que con los dirigentes correctos esto podría evitarse.
Finalmente, dijo que el Gobierno tiene el equipo para manejar las cárceles, «a menos que quienes lo manejan no quieren que cambien las cosas», teorizó.
