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viernes, noviembre 22, 2024

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REDACCIÓN. Yoweri Museveni, presidente de Uganda, firmó hoy una nueva ley que castiga duramente la homosexualidad, incluso con pena de muerte por delitos catalogados por el gobierno como de «homosexualismo agravado». 

Uganda ya prohibía el matrimonio homosexual y su gobierno se caracteriza por perseguir con dureza al colectivo LGBT desde hace años. Además, la nueva ley endurece los castigos y establece hasta la pena de muerte por «delitos de homosexualidad con agravantes».

Uganda aprueba pena de muerte por delitos de homosexualismo.
El presidente Museveni durante la firma de la nueva ley.

Además, Museveni tildó la homosexualidad como «una desviación de lo normal», ignorando a varios países y organismos internacionales que están en contra de la nueva ley.

«Promueve el odio»

Por su parte, Rosebell Kagumire, activista ugandesa, condenó la normativa a través de su cuenta de Twitter. «La dureza de una norma tan restrictiva busca invisibilizar a la comunidad, criminalizar a las personas y promover el odio”, publicó.

“Siempre hemos resistido a toda ley arraigada en el odio a la diferencia, y la resistencia continúa”, añade el escrito. También, la activista Clare Byarugaba calificó este día ante la prensa como «una fecha oscura y triste para la comunidad LGTB».

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Byarugaba aprovechó para denunciar que “el presidente de Uganda ha legalizado hoy la homofobia y la transfobia financiada por el gobierno”.

Oficialmente la norma se llama “Ley Anti-homosexualidad 2023”, que establece pena de muerte cuando el agresor sea el padre o tutor de la víctima, cuando esta sea menor de 14 años o tenga una discapacidad mental o si el acusado tiene relaciones homosexuales estando infectado de VIH. 

Uganda aprueba pena de muerte por delitos de homosexualismo.
Comunidad LGTB en África.

Sin embargo, portavoces del colectivo LGTB denuncian que la ley solo busca perseguir y castigar la homosexualidad y a quienes hablen de ella.

Periodistas

Por otra parte, la Ley Anti-homosexualidad 2023, castiga con penas de 10 a 20 años a periodistas que informen sobre el colectivo o den espacios a los activistas que defiendan la causa.

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