TEGUCIGALPA, HONDURAS. La criminalidad en general y los corruptos, serían los beneficiados en caso de aprobarse las reformas a la Ley de Privación de Dominio, así lo consideró este viernes, Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
De acuerdo con el abogado, con esas reformas, habría un particular beneficio para quienes adquieren bienes con fondos provenientes del narcotráfico, extorsión y lavado de activos.
La postura de Santos, surge en respuesta de un llamado de alerta que hizo en las últimas horas la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), quienes manifestaron sobre un posible proyecto de ley con el que se pretende reformar la ley.
La bancada del PINU coincide con el titular de la UFERCO, y sostiene que lo que busca esa reforma es beneficiar y blindar a altos funcionarios del Estado, personas naturales o jurídicas que cometen ilícitos relacionados con corrupción y narcotráfico.
De aprobarse las reformas a la Ley de Privación de Dominio, no solo se beneficiaria a los Corruptos, sino a todo tipo de criminalidad, especialmente a aquellos que adquieren bienes con fondos provenientes del narcotrafico, la extorsión y el lavado de activos… pic.twitter.com/mWOoLYAXDV
— 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝘾𝙧𝙪𝙯 (@Luis_Santos_C) March 26, 2021
Lea también: Colegio de Abogados pide cárcel para quienes adulteraron actas en primarias
Medidas cautelares
Los diputados del citado instituto político advirtieron de la posible reforma a través de un comunicado. En el escrito, expusieron que en el citado proyecto de decreto en su artículo 3, numeral 5, se habla de medidas cautelares, sin que proceda el desplazamiento de la posesión de quienes la ostenten.
En ese sentido, tildaron de absurdo que se ordene el aseguramiento sin desplazamiento de bienes. Indican que entonces interpretan que no se cumple el fin de la medida y se favorece al imputado.
A efecto de ello, la bancada del PINU agregó que la incautación debe ser de un año. Esto debido a que ya pasados 6 meses de incautación sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación, deberá ser revocada, explica el comunicado.
«Esto quiere decir que a pesar de que ya se dio la orden de aseguramiento de esos bienes, no se va a proceder al desplazamiento a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)«.
Contrario a ello, «se seguirá gozando de esos bienes y solo se prohibirá la celebración de actos y contratos. Pero el desplazamiento no se va a proceder», agrega el escrito.
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0
