TEGUCIGALPA, HONDURAS. El secretario del Congreso Nacional (CN), Tomas Zambrano, aseguró este lunes que el fin del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) también extingue a la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
De acuerdo a Zambrano, el artículo 14 del convenio con la OEA, dice que la UFECIC comenzó funciones desde el momento que inició el convenio. Pero ahora que este finalizó, también culminan las operaciones de la Unidad Fiscal, afirmó el parlamentario.
En ese sentido, el congresista dijo que eso no indica que los casos en investigación no continuarán. “Tienen que avanzar e ir ante los tribunales, pero ya será el Ministerio Público que deberá replantear ese tipo de casos”, señaló.
Asimismo, el parlamentario consideró que la salida de la MACCIH no es el fin del mundo. Ni tampoco el exterminio de la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.
“Recordemos que es el actual gobierno que permitió esa lucha hace cuatro años atrás. Eso no indica que al país se le cierran las puertas. En ningún otro país existen ese tipo de misiones y nadie de ellos tiene repercusiones”, aseveró Zambrano.
En virtud de lo anterior, el legislador reiteró que el combate contra los principales flagelos del país no depende de una Misión, sino de la voluntad política que prevalezca en el país.
“Esta lucha deben liderarla los hondureños. Tampoco podemos desconocer el trabajo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla”, expresó el secretario del CN.
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UFECIC-MACCIH
Hace más de dos años el Fiscal General juramentó a los nuevos integrantes de la UFECIC, unidad trabajaba junto a la MACCIH.
El equipo de la UFECIC, lo constituyen fiscales, investigadores, expertos financieros, informáticos y criminólogos. Ellos se encargan de investigar casos emblemáticos de corrupción.
Igualmente, la UFECIC cuenta con expertos internacionales pertenecientes a la MACCIH, quienes tienen la difícil tarea de presentar ante la justicia las pruebas en contra de ciudadanos acusados de corrupción.
