TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó indicios de responsabilidad penal y civil en un proyecto de construcción de letrinas domiciliarias, con el que se pretendía beneficiar a unas 1,000 familias pobres, del departamento de Choluteca.
Según las pruebas recabadas, el TSC encontró méritos suficientes para remitir dos informes al Ministerio Público (MP), por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
En ese sentido, el TSC presentó tres informes efectuados por la Dirección de Participación Ciudadana al proceso de transferencia de fondos públicos a la Fundación Unidos por una Honduras Mejor (FUHM) y su ejecución, por el período comprendido del 1 de marzo de 2016 al 31 de enero de 2022.
El TSC remarcó que el Ministerio Público deberá llevar a cabo las respectivas investigaciones y determinar si existió el delito de malversación.
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Primer caso
El TSC refiere que en el primer informe se dio respuesta a la investigación de la denuncia No. 0801-2021-129, practicada al proceso de transferencias de fondos públicos a la FUHM, que concluye en la emisión de un informe especial con indicios de responsabilidad penal.
De igual manera, se constató que a través de las Secretarías de Agricultura y Ganadería (SAG) y Salud (Sesal) se tramitaron desembolsos de fondos a favor de la FUHM.
Estos desembolsos se dieron amparados en un convenio suscrito entre las partes, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias del Programa EmprendeSur.
Estas mejoras tenían como objetivo la construcción de 450 letrinas en los municipios de Choluteca (100), Marcovia (100) y Pespire (50).
De igual manera, se verían beneficiados los municipios de San Antonio de Flores (100) y San Marcos de Colon (100), del departamento de Choluteca.
Además, se verificó que la SAG y Sesal no cuentan con la documentación suficiente y contundente que respalde los pagos realizados a favor de la fundación.
Por su parte, el TSC comprobó que no existe documentación que respalde la ejecución de los fondos transferidos o depositados a favor de la FUHM, con objeto de cumplir los convenios suscritos.
En ese sentido, se registra que las transferencias de fondos públicos a la FUHM durante el periodo 2016-2019, según información obtenida de los bancos, ascendió a la cantidad de L38,220,500.00.
Aunado a esto, no fue posible determinar la totalidad del perjuicio económico causado al Estado debido a la serie de limitaciones e irregularidades encontradas.
Segundo caso
Por otra parte, el TSC notificó el Informe Especial No. 01-2022/03-2022-DPC-DCSD-SAG-EMPRENDESUR- FUHDEC, que se desprende de la investigación de la denuncia registrada con No. 0801-2020-10.
Según los hechos constatados, el 13 de noviembre de 2017 se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Técnica entre SAG-EmprendeSur y la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario (Fuhdec).
Ese convenio tenía como objetivo ejecutar el montaje de letrinas domiciliarias y promover tecnologías apropiadas de saneamiento básico.
En ese sentido, se dio a conocer que el monto para el financiamiento de 550 letrinas domiciliarias, fue por un total de L7,728,785.95, cada una a un costo promedio directo de 10,479 lempiras.
De las 550 letrinas serían beneficiadas las familias de los municipios de Nacaome, Amapala, Aramecina, Langue y San Lorenzo del departamento de Valle.
De igual manera, el TSC constató que FUHDEC incumplió el convenio suscrito con la SAG/EmprendeSur.
Además, se observó un reiterado incumplimiento en la ejecución del proyecto por parte de la fundación.
Tercer caso e indicios de responsabilidad civil
Sobre este mismo hecho, el TSC notificó otro informe, el No. 03-2022 DPC-DCSD, que concluye en el incumplimiento del convenio para la implementación de letrinas domiciliarias en el departamento de Valle, por parte de FUHDEC.
En ese sentido, el incumplimiento ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado por la cantidad de L2,305,380.00.
El TSC concluyó que la SAG no tiene un mecanismo de control que permita la revisión de los antecedentes de las ONG con las que va convenir o contratar.
Aunado a esto, debido a la situación, el TSC recomendó al Secretario de Estado de la SAG adoptar medidas correctivas.
Finalmente, el TSC reiteró su firme compromiso de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, con objetividad y profesionalismo.
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