Tegucigalpa, Honduras. Este día, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) iniciaron un proceso coordinado de entrega y recibo de expedientes relacionados al Fondo Social de Planificación Departamental.
Además, se entregaron documentos sobre el Fondo de Desarrollo Departamental y subsidios.
Cabe señalar que estos expedientes están destinados a la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en diferentes departamentos del país.
Además, cabe recordar que la remisión de la documentación la autorizó el Pleno de Magistrados del TSC en cumplimiento al decreto No. 20-2022.
En ese sentido, el decreto ordena al TSC remitir al MP todos los expedientes recibidos al amparo del artículo 131-A, del decreto legislativo No. 83-2004, en el estado procesal en que se encuentren.
Más de mil expedientes entregó el TSC al MP
Según informaron desde el TSC, el primer lote comprende 45 cajas que contienen 1,100 expedientes debidamente inventariados.
Como tal, la entrega se efectuó al MP a través de Secretaría General, respetando la respectiva cadena de custodia a fin de garantizar el debido proceso y la legalidad de la evidencia.
También, en el marco de la entrega y a iniciativa del TSC, se nombraron enlaces, uno por el ente contralor y otro por el MP.
Estos servirán para coordinar el proceso de entrega y recepción de toda la documentación recibida para ser objeto de auditoría.
Aunado a esto, desde el TSC informaron que previamente se sostuvo una reunión para coordinar la primera entrega y recibo de la evidencia.
En los diálogos participaron el magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, con sus respectivos equipos de trabajo.
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Sobre el fondo departamental
Es importante mencionar que el artículo 131-A ordenaba al TSC realizar una auditoría e investigación especial. Esta revisión estaba dirigida a verificar todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los servidores públicos.
Entre estos servidores públicos había diputados del Congreso Nacional y miembros de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Además de Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD’s) y Fundaciones.
Asimismo, se sumaban, en general, todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título recibieron o administraron fondos públicos en los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
Los fondos antes referidos comprendían tanto el Fondo Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental y subsidios.
También se consideraba cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o descentralizados.
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