Honduras. Libre de minería, así se declaró hoy el municipio de Tocoa durante un Cabildo abierto que se celebró en esa localidad.
Ante la presencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes, donde participan distintos partidos políticos, exigió a la autoridad municipal no tener empresas mineras en su ciudad.
De tal forma, que el acta que firmó el alcalde Adán Fúnez y el resto de la Corporación Municipal será llevada al Congreso Nacional. El objetivo es que los diputados ordenen a la empresa Inversiones Los Pinares de Guapinol, y a cualquier otra que pretenda proceder, retirarse de la zona.
Lo anterior, lo exigieron habitantes de la comunidad antes mencionada, de San Pedro y otros sectores que aseguran que el afluente de agua está siendo contaminado por dicha compañía minera.
Es por eso, que los miembros de esas comunidades manifestaron que la «empresa minera ya no representa los intereses de la población».
Alcalde no da declaraciones
Durante muchos meses, el alcalde Adán Fúnez -del Partido Libertad y Refundación- fue duramente criticado porque no quería hacer el cabildo abierto.
Además, de que él apoyó la instalación de la maquinaria de Inversiones Los Pinares en Guapinol, una zona en conflicto por la causa minera y la defensa del agua y la vida.
Es así que este día, optó por aprobar lo que todos los presentes exigieron en el cabildo abierto. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación.
Por su parte, la presencia de «Mel» Zelaya» fue contradictoria para algunas personas. La razón: por el protagonismo que obtuvo. Ya que supuestamente el pueblo «no pudo expresarse ni ser escuchado como esperaban» según informaron.
Lucha sangrienta
La comunidad de Guapinol ha sido la principal afectada en una lucha sangrienta entre fuerzas militares y policiales y pobladores.
Lo anterior, por la represión que hubo en distintas fechas pasadas ante las protestas que habían en contra de Los Pinares.
Además, hay defensores criminalizados y encarcelados, a quienes se les ha negado la libertad por un proceso legal que sus abogados y familiares consideran arbitrario.
