TEGUCIGALPA, HONDURAS. En estado de calamidad y emergencia se declaró este lunes el rubro del transporte público en la capital, tras cerca de dos de meses sin actividad por el confinamiento debido a la propagación de COVID-19.
A la fecha, alrededor de cuatro mil colaboradores vinculados al sector están suspendidos debido a la situación. Conductores, cobradores, personas de aseo, secretarias y guardias aquejan la problemática sin el goce de remuneración alguna, desveló el dirigente de transporte, Jorge Lanza.
«Vamos acercándonos a dos meses sin tener un centavo de ingresos y eso implica caer en calamidad completa. Tenemos personas que están sin medicamentos y sin poder pagar servicios públicos», relató.
Asimismo, culpó al Gobierno de la crítica actualidad que sufren, pues, asegura que sólo las autoridades estatales pueden ayudarles, pero los dejan a la deriva.
«Hemos venido pidiéndole ayuda al Gobierno. Nos incluyeron en unas mesas de trabajo pero eso es darle largas a la situación dramática que vivimos. No tenemos a quién recurrir y el Estado es el único que podría venir a solventarnos, pero nos deja que agonicemos», sentenció.
En ese sentido, apuntó que las instituciones estatales les adeudan una gran porción económica. Por tanto, solicitan que se les desembolse ese monto, para que puedan «apalear» la crisis que traspasó hacia sus hogares.
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Pérdidas millonarias diarias
Jorge Lanza también habló acerca de las afectaciones monetarias que tienen día a día por el cese de sus labores. Según estima, el rubro pierde alrededor de siete u ocho millones de lempiras diarios.
Es importante resaltar que, según el dirigente, unas 50 mil personas dependen de la actividad del transporte urbano en la capital; ese sector cuenta con al menos mil 700 buses.
«Esto cada día se acrecenta más porque las necesidades son superiores. La mayor parte de nosotros tenemos arriba de 60 años», enfatizó Lanza.
Banca nacional estaría agravando los problemas
El sexagenario líder del transporte añadió que están siendo sometidos por los bancos, que no estarían cumpliendo con las disposiciones gubernamentales.
«Nos dicen que si hay deudas pendientes o atrasos no podemos recibir los beneficios. Sólo si nos ponemos al día. Es una injusticia porque a ellos ya les resolvió el BCH«, señaló.
Es más, Lanza concluyó su participación aseverando que los tres meses donde no tendrían que pagar cuotas de créditos es insuficiente; «tiene que ampliarse más para que podamos tener seguridad de inversión», afirmó.
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