TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un rechazo total manifestaron los diputados Jari Dixon y Doris Gutiérrez ante la enmienda (interpretación) a la Ley General del Ambiente que se aprobó en el Congreso Nacional (CN) este martes y que permitirá la importación de baterías de plomo.
La mayoría de parlamentarios asintió a lo que se planteó y que permitirá importar baterías nuevas y usadas para reciclaje, con un añadido que deja mucha especulación: no pagarán impuestos.
El artículo número uno del dictamen establece que no se prohibirá la importación, fabricación o reciclaje de baterías de plomo. No obstante, se detalla que deberá haber una industria de reciclaje operando legalmente que se encargaría del tratamiento del material sin causar daños al ambiente y la población.
Asimismo, esa porción del decreto expresa que, después del proceso de renovación de la batería, los desechos o partes que queden inservibles deberán ser reexportados.
No obstante, la justificación del proyecto no convence a algunos disidentes. Consideran que el material tóxico dañará al medio ambiente de Honduras y que la modificación a la norma trae consigo un negocio oculto que beneficiará a algunas personas, aunque no tienen certeza a quiénes.
Es importante precisar que la moción que terminó aprobando los nuevos artículos en favor del reciclaje de baterías fue presentada por la diputada nacionalista Leonor Osorio, quien es suplente de Juan Diego Zelaya.
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Doris Gutiérrez: Hay un trasfondo claro
La abogada Doris Gutiérrez formó parte de la escasa oposición que hubo ante la proposición; votó en contra. Ella integró la comisión de dictamen, pero cuando solicitó la palabra para hacer preguntas respecto a dicha interpretación, no se la concedieron.
La diputada por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) dijo a Diario TIEMPO Digital que el decreto en mención se aprobó en medio de la algarabía porque instantes atrás se había dado el «sí» a una iniciativa para repatriar compatriotas varados en España.
«No nos fijamos en los detalles, y la mayoría votó a favor», enfatizó la abogada. Seguido, remarcó que en la comisión no se dejó clara la situación, pues no había alguien con la expertiz necesaria para dilucidar los pormenores de la pretensión.
«En la comisión de dictamen no tuvimos un experto que nos explicara sobre el tema. Hicimos algunas preguntas y no había quién contestara. Todo esto es letal para la contaminación del ambiente, que ya tenemos completamente deteriorado», explicó Gutiérrez.
¿Hay un trasfondo en el proyecto? La septuagenaria política no sostiene duda al respecto y argumentó su consideración.
«Las baterías se van a venir camufladas para no pagar impuestos. No sabemos quiénes están detrás del negocio, que va a reciclar en virtud de las bolsas de algunos avorazados que siempre se aprovechan de las situaciones», comenzó explicando.
Y prosiguió: «El trasfondo es claro. Debe haber un negocio importante que favorecerá ciertos sectores, aunque no puedo definir quiénes son. Ayudará a los bolsillos de unos pero deteriorará el ambiente, convirtiéndonos en el basurero de Centroamérica. ¿Cuántos países no van a querer venir a tirar ese basural aquí?».
Por otra parte, Gutiérrez cuestionó que por qué buscan alivios legales para importar baterías nuevas, si, por esa condición (sin uso), no suelen comprarse para reciclaje, sino para su uso establecido inicialmente.
¿Aprovechamiento de la crisis?
La experimentada política también externó a TIEMPO su punto de vista de que algunos agentes políticos están aprovechándose de la crisis sanitaria buscando su propio provecho.
«En río revuelto, ganancia de pescadores. Esto no tiene nada que ver con la situación de emergencia; no cabe duda, aprovechan la coyuntura y hay intereses de por medio», aseveró.
«La bailarina» también lamentó que ella propuso una moción que protegería a niñas y mujeres durante la cuarentena pero «no les importó» a las mayorías del CN; «les interesa más traer chatarra que salvaguardar la vida. En este tiempo la violencia se ha disparado».
Por último, la legista hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que revoque la decisión; pues, opina que debería reciclarse los desechos de Honduras, pero no importarse basura u otros artículos desde el exterior.
Un negocio de doble vía
TIEMPO también contactó a Jari Dixon, parlamentario que representa al Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Él, quien también es un profesional del Derecho, apuntó que las consecuencias de traer al país toneladas de material tóxico serán evidentes en los recursos naturales. Además, calificó la situación como un negocio de doble vía.
«Introducirán baterías nuevas sin pagar tributos; y, alguien pagará para que Honduras se quede con toda la basura», afirmó.
Asimismo, Dixon remembró que la Ley General del Ambiente condena la importación de materiales nocivos contra los recursos naturales, pero aseguró que «eso le valió a los diputados nacionalistas».
El abogado cerró su participación con una pregunta que considera es más que obligatorio hacerse: «¿Quién está detrás de ese negocio?».
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