TEGUCIGALPA, HONDURAS. Previo a irse de vacaciones de Semana Santa, los diputados del Congreso Nacional eligieron a los tres superintendentes de la Alianza Público Privada (APP). Fungirán en dicho cargo por un periodo de cinco años.
Según se informó, los nuevos funcionarios de las APP son, el diputado Leo Yamir Castellón Hirezi. Asimismo, José Rolando Sabillón, hijo del dirigente liberal Víctor Sabillón, y el abogado César Augusto Cáceres Cano.
Cabe señalar que al congresista Leo Castellón lo juramentaron como comisionado presidente de COALIANZA. De acuerdo a lo que se conoció, el parlamentario solicitó permiso para atender su nuevo cargo. Una petición que autoridades del CN concedieron.
De ese modo, el presidente del CN realizó la juramentación de los nuevos funcionarios de la Superintendencia de COALIANZA.
El decreto donde se eligió a los nuevos comisionados se discutió, se llevó a votación, se aprobó y ratificó en un solo debate. Es preciso indicar que muchas de esas APP son criticadas porque no dejan buenos resultados en países como Honduras.
Por su parte, el diputado Mario Pérez, jefe de bancada del Partido Nacional, explicó que, “la superintendencia de las Alianzas Público Privadas fue creada mediante decretos legislativo 143-2010 como una entidad colegiada adscrita al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), del cual funciona con independencia técnica, administrativa y financiera”, detalló Pérez.
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Informe de la ASJ revela irregularidades cometidas en la modalidad APP
Se debe recordar que el año pasado, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó el informe “Análisis de la Estructuración, Contratación y Ejecución del Contrato de Concesión del Corredor Turístico de Honduras”, en el que señaló una serie de irregularidades.
Entre esas irregularidades incluye trato preferencial a la empresa concesionaria. Así como opacidad y negligencia de instituciones estatales a cargo de la gestión de los proyectos en la modalidad APP.
Dicho informe reveló que sobre el sector infraestructura en general y sobre COALIANZA, en particular, han existido una serie de denuncias en torno a la falta de transparencia en la gestión.
También, la poca cultura en la rendición de cuentas, la obstrucción al acceso a la información pública. Agregando la supuesta comisión de actos ilícitos en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de las concesiones y contratos que adjudica.
