WASHINGTON. El senador estadounidense Patrick Leahy ha pedido que sea la MACCIH quien investigue el asesinato de Berta Cáceres.
El legislador hizo su pedido a través de una declaración dirigida al presidente del Senado de los Estados Unidos.
Patrick Leahv, senador por Vermont, revela que el gobierno de Juan Orlando Hernández se opone a que la MACCIH investigue el crimen.
A continuación la de
Declaración del Senador Patrick Leahy sobre Berta Cáceres
Sr. Presidente, quiero llamar la atención del Senado al hecho de que hoy se cumple un año del asesinato de la reconocida activista indígena hondureña Beta Cáceres que dedicó su vida y al final perdió su vida por proteger el agua la tierra y otros recursos naturales del pueblo Lenca.
Luego de un intento fallido de la policía hondureña y de algunos oficiales de alto rango para representar ese como un crimen pasional, un recurso usado con frecuencia para encubrir la complicidad oficial en casos semejantes, hay ocho detenidos incluyendo a un alto oficial de las FFAA y a dos oficiales militares retirados. Y hay razones para ser escépticos aunque los oficiales hondureños han negado cualquier involucramiento y han desestimado la detención y acusación en este caso contra el Mayor Mariano Díaz que fue dado de baja del ejercito inmediatamente.
Díaz era un veterano oficial condecorado de las Fuerza Especiales, había sido designado el 2015 como Jefe de la Inteligencia del Ejército y estaba siendo considerado para un ascenso inminente a Teniente Coronel cuando fue involucrado en el asesinato.
Otro sospechoso que también ha sido implicado en el crimen, el Teniente Douglas Giovanni Bustillos, entró a las FFAA el mismo día que Díaz, con quien sirvieron juntos. Él dejó las FFAA hace algunos años pero había mantenido en comunicación continua con Díaz después de que Bustillo dejó las FFAA en 2008.
Destaca y es particularmente preocupante que, según informes de prensa, ambos, Díaz y Bustillo, habían recibido entrenamiento de parte de las Fuerzas Armadas de los EUA.
Un tercer sospechoso, el Sargento Henry Javier Hernández, habría sido un francotirador de las Fuerzas Especiales al mando del Mayor Díaz. Y habría trabajado después de retirarse del ejército en 2013 como informante para la Inteligencia Militar
Según otros informes de Prensa, el primer Sargento Rodrigo Cruz que desertó del ejército luego del asesinato de Cáceres y sigue en la clandestinidad ha declarado que el Alto Mando militar le habría dado al Comandante de la Fuerza de tarea multi propósitos Xatruch, a la cual el pertenecía, una lista con los nombres y fotografías de activistas que habían de ser eliminados. Y que el nombre de Cáceres estaba en la lista. Y todo eso suena muy parecido a la forma de operación de los escuadrones de la muerte de El Salvador en los 1980s.
También se ha detenido a cinco civiles sin trayectoria militar. Incluyendo a Sergio Rodríguez gerente de la Planta y Presa Agua Zarca a la que se oponía Berta Cáceres.
Ese proyecto está siendo construido por Desarrollos Energéticos SA, (Desa), con financiamiento internacional y muy fuerte respaldo del gobierno hondureño. Y según informes de Prensa el Presidente de esa empresa Roberto David Castillo Mejía es un ex oficial de Inteligencia Militar y su Secretario Roberto Pacheco Reyes es un antiguo ministro de justicia. Desa empleaba al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015.
La Sra. Cáceres había recibido múltiples amenazas de muerte durante su campaña contra la represa, algunos específicamente de parte de personas de esa empresa. Y el gobierno de Honduras ignoró las solicitudes de protección, Tanto el gobierno como DESA continúan negando todo involucramiento en el asesinato.
Pero Sr Presidente para cualquiera que conoce Honduras es inconcebible que este crimen escandaloso pudiera llevarse a cabo por estos individuos sin órdenes superiores. La cuestión es si la investigación va identificar a los autores intelectuales del crimen. Lo cual casi nunca sucede en Honduras en esta clase de casos. Global Witness, el Departamento de Estado de EUA han documentado que ha habido muchos asesinatos en Honduras de activistas ambientales que nunca se han terminado de investigar y por los que nunca se ha terminado de castigar a nadie.
No cabe ninguna duda de que en este caso la investigación ha progresado por la asistencia de expertos policiales estadounidenses apoyados por la Embajada de EUA y por el apoyo del Fiscal General Oscar F Chinchilla
Pero como he dicho en Honduras, en donde la norma es la impunidad, un caso de esta magnitud debería estar a cargo de una comisión independiente de investigación. Quien más lógicamente pudiera conducir esa investigación seria La Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Pero el gobierno de Honduras continúa oponiéndose a esa clase de investigación.
Los Estados Unidos y Honduras tienen una historia complicada y nuestros pueblos comparten muchos intereses. Queremos seguir ayudando a Honduras a enfrentar la pobreza extrema enraizada, la desigualdad la violencia y la impunidad que han causado tanto sufrimiento y han contribuido tanto a la migración de decenas de miles de hondureños, incluyendo a los niños no acompañados a EUA.
Pero para este Senado eso pasa por resolver este caso de Berta Cáceres, retomando investigaciones creíbles y la persecución de los responsables de un numero escandaloso de de otros activistas sociales y defensores de los derechos humanos en los años mas recientes. Pasa por la reafirmación por parte de las autoridades hondureñas del papel legitimo que juegan esos activistas que hasta ahora han sido ignorados amenazados y tratado como blancos legítimos de la violencia. Solo entonces se entenderá que el gobierno esta comprometido a hacer justicia y que nuestra asistencia alcanzara resultados duraderos.
El Departamento de Estado tiene que investigar si el Mayor Díaz y el Teniente Bustillo fueron entrenados por los EUA. Y si así fuera el Congreso y el pueblo de Honduras merecerán conocer que clase de entrenamiento se les dio y que clase de medidas se han tomado para mejorar la selección de los candidatos y para monitorear su conducta después.
Finalmente como he dicho mientras el Proyecto de Agua Zarca y otros semejantes continúan a pesar de las objeciones de los pueblos indígenas, cuyo patrimonio y cultura están inextricablemente ligados a los ríos impactados, la confrontación y la violencia continuarán. Como otros gobiernos de la región el de Honduras debe cambiar sus procedimientos en áreas en que se ha ignorado y violado los derechos e intereses de los pueblos indígenas.
Dada la historia vergonzosa del Proyecto de Agua Zarca este debe ser cancelado. El gobierno debe replantearse otros proyectos semejantes a los que solo se les puede permitir proceder sobre la base del consentimiento libre e informado previo de las comunidades afectadas.
