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TEGUCIGALPA, HONDURAS. La titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Rixi Moncada, instruyó a las instituciones públicas que solicitaron modificaciones de estructura de puestos en los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022, con la finalidad de crear plazas permanentes, despedir a los empleados que contrató el Partido Nacional (PN) a días de dejar el poder.

Mediante la circular DGP-002-2022, Moncada dirigió la orden a secretarios y subsecretarios de Estado y directores. También a comisionados de instituciones desconcentradas, presidentes, gerentes y directores de instituciones descentralizadas del Poder Ejecutivo.

Rixi Moncada
Rixi Moncada, secretaria de Finanzas.

El asunto de la circular es revisar e identificar los puestos creados dentro del anexo desglosado de sueldos. Esto, en el marco de los Decretos Legislativos No.108-2021, No.047-2020 y Decreto Ejecutivo PCM-130-2021.

De igual forma, instruyó revisar los nombramientos efectuados en el marco de esos decretos para que de esa manera se ejecuten las acciones pertinentes a la cancelación de los servidores públicos nombrados en los puestos.

Sin embargo, aseguró que reconocerán los derechos laborales correspondientes en consonancia con la normativa legal vigente.

«Según corresponda bajo el Código de Trabajo y/o Régimen de Servicio Civil de acuerdo al periodo que laboraron, eso se hará siempre y cuando cuenten con la disponibilidad presupuestaria para reconocer los derechos del trabajador cesanteado», indica la circular.

Circular de Sefin
Circular de la Secretaría de Finanzas.
Circular de Sefin
Parte dos de la circular de la Secretaría de Finanzas.

Lea también – PN a Libre: Derogar plazas permanentes es un «peligro»

Artículo 140 

Lo anterior, se realizará en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 140 del Decreto Legislativo No.107-2021. Esa normativa contiene las disposiciones generales del Presupuesto General 2022, que establece:

«Las obligaciones que se derivan de la relación de trabajo, como prestaciones, cesantías e indemnizaciones que establece la ley, las asumirá y pagará el Estado, con el presupuesto asignado a la institución donde el servidor público prestaba sus servicios».

Cada institución deberá asumir con su propio presupuesto el pago por sentencias firmes independientemente de su naturaleza.

«En el caso que al Estado lo vencieran en juicio al pago por los conceptos que se refieren en el párrafo anterior y el titular de la unidad nominadora, los funcionarios y/o empleados que intervengan en los actos administrativos que dan origen al pago, no serán responsables de forma personal o solidaria».

«Lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido en el decreto de ley en el cual se derogan los Decretos Legislativos No.108-2021 y No.047-2020, aprobado en la Cámara Legislativa y que próximamente entrará en vigencia», finaliza el documento de SEFIN.


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