TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos (SEDH) afirmó que no está interviniendo en el Poder Judicial. La aclaración surgió después de impedir el desaojo de las familias de Tierras del Padre.
A través de un comunicado, la secretaría indica que su deber es acompañar a los pobladores de la comunidad de Tierras del Padre, quienes tienen una orden de desalojo, algo que la SEDH considera una vulneración a los derechos humanos.
En ese sector habitan unas 100 familias y se presume que vienen de un vínculo ancestral indígena lenca del siglo XVIII.
El comunicado dice, de manera particular, que la titular de la SEDH, Natalie Roque Sandoval, basó su participación y acompañamiento en el Decreto Ejecutivo Número PCM-055-2017.
«Asesorar a los Poderes del Estado y demás órganos e instituciones estatales en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, dice ese PCM.
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Por qué no debe proceder el desalojo
El pasado lunes, la ministra Natalie Roque remitió al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un documento. El texto tenía la opinión jurídica de por qué no debía llevarse a cabo el desalojo en contra de la población de Tierras del Padre.
Asimismo, el comunicado indica que la acción está fundamentada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también de la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, la carta se basa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Observaciones Generales No 7 y 12 del Comité DESC, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Del mismo modo, la carta que envió la SEDH al titular del Poder Judicial se basa en el artículo 2 de la Convención Americana sobre adoptar disposiciones de derecho interno y en los estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refieren a que: “Con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal”.
Se debe analizar la ley
La SEDH señala que recomienda al Poder Judicial, antes de que se realice el desalojo, hacer un análisis. Es decir, revisar la convencionalidad jurídica, pero no se obtuvo una respuesta por parte del despacho de Rolando Argueta.
“No es injerencia, es de nuestra absoluta competencia. Actuamos de acuerdo con la Ley y al mandato soberano. Compete a la @sedhHonduras coordinar y asesorar a los Poderes del Estado (a los 3)”, escribió la ministra Roque en su cuenta personal de Twitter.
Por último, la nota señala que la funcionaria permaneció en la comunidad de Tierras del Padre acompañando a los pobladores hasta llegar a acuerdos con los operadores de justicia a fin de detener la ejecución del desalojo forzado mientras no se den las garantías de respeto a los derechos humanos.
https://twitter.com/RoqueNatalie/status/1491566330876674051?s=20&t=te1rTY7Hv1H85zFW1U6xXA
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