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jueves, noviembre 21, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Francisco Gaytán, alcalde del municipio de Cantarranas, confirmó ayer que junto a las autoridades de los municipios turísticos de Santa Lucía y Valle de Ángeles retrocedieron en la decisión de exigir la prueba de COVID-19 con resultado negativo a los visitantes que llegan a ese circuito turístico.

A través de medios locales, el jefe edilicio dijo que en lugar de la prueba de COVID-19 exigirán que las personas hagan uso de mascarillas.

“Tomamos la decisión de dejar sin validez ese comunicado y preparamos uno nuevo donde ya no se va a pedir esa prueba. En consenso los alcaldes nos pusimos de acuerdo”, dijo él, hablando también por los municipios de San Juancito y la Villa de San Francisco.

No obstante, en lugar de la prueba pedirán el uso obligatorio de la mascarilla, así como también la inspección de los vehículos que ingresen a estos municipios. “Adicionalmente se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al circuito turístico de valles y montañas”, agregó.

Nota relacionada: Cuatro municipios pedirán prueba de COVID-19 a vendedores para su ingreso

COHEP procederá legalmente contra alcaldes que restrinjan la libre empresa

Como una acción ilegal y que genera estigmatización, así calificó Gustavo Solórzano, representante legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (COHEP) el hecho de que alcaldes pidan a vendedores el resultado negativo de una prueba de COVID-19 como requisito para ingresar al municipio que gobiernan.

En ese sentido, Solórzano advirtió que procederán legalmente en contra de municipalidades que atentan contra la libre empresa y libre circulación de las personas.

«Hay ordenanzas y comunicados de algunas municipalidades donde ordenan eso (resultado de pruebas de COVID-19). E incluso, no los dejan circular por ciertos lugares. Ya nos estamos preparando nuevamente con las acciones legales que correspondan y sabemos que tenemos la razón», dijo el profesional del derecho.

A renglón seguido recordó que en un pasado reciente, interpusieron acciones de ese tipo y la Corte los amparó.

«Debido a esa falta de voluntad por parte de los alcaldes de querer entender esta situación, también nos veremos en obligación de interponer recursos por esas acciones que están tomando y que son ilegales», agregó.

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