Honduras. La red de corrupción descubierta por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en el sistema aduanero del sector Norte comprende la defraudación fiscal y contrabando de 36 mil encomiendas, mercadería con la que pretendían estafar al Estado por millones de lempiras.
Ruy Barahona, vocero de los Juzgados en San Pedro sula, detalló a Tiempo Digital que son «al menos son 36 mil paquetes decomisados de varias empresas que han estado cometiendo esta ilegalidad, detectada -no por la autoridad penal, sino por la autoridad administrativa del SAR», quienes le informan a la Fiscalía en materia de estos delitos.
En consecuencia, «se someten a los involucrados, ya que la defraudación fiscal es porque informaron al Estado en una forma desleal, osea, no pagaron los impuestos de introducción (de esas encomienas)», explicó Barahona.
Dos empresarios en libertad, una en la cárcel
Tres personas han sido imputadas, de forma pública, por la investigación del SAR. Ellos son el propietario de Grupo Génesis, Luis Leiva, y su socio Juan Fernando Serrano Alas y la ciudadana Sandra Luz Jovela.
Cabe mencionar, que esta última tiene prisión preventiva por la supuestamente defraudación de 20 millones de lempiras por medio de las y tiene prisión preventiva
Fue la detención de Leiva -ejecutada el pasado martes- la que destapó este caso a nivel mediático. Según reportó el Ministerio Público, el aduanero evadió al fisco a través de la empresa Universal Envíos y la Agencia Aduanera.
No obstante, el mismo día salió en libertad luego de, como representante legal de esas entidades mercantiles, hacer un acuerdo conciliatorio con el Estado, mismo que corresponde a un pago mayor a un millón de lempiras.
Barahona, representante del Poder Judicial en la Capital Industrial, afirmó que en el caso del «señor Leiva, no es que él sea el de los 36 mil paquetes, pero él es parte, ya que son varias empresas. Y al omitir los datos, fueron sometidos por el Estado y se les aplicó (incluye a Alas) el atículo 173 de Código Tributario por faltas materiales».
Lo anterior, mediante «la representación del Estado por medio del SAR, que es la vía administrativa, y la Procuraduría General de la República, quienes los multaron por no pagar los impuestos correspondientes. Mientras que la multa penal, la cual no han pagado, es en base al artículo 392 del Código Procesal Penal.
Desvío de casi 800 mil lempiras
En el relato judicial de Barahona, destaca que -además de las penas que ya establece la Ley, a Leiva y a Serrano Alas Alas se les aplicó una multa del 50% del valor defraudado, que es 813 mil y fracción de lempiras. Ellos sólo habían pagado 36 mil lempiras».
La forma de operar era, según las autoridades, a través de los través de los couriers (mensajeros), quienes introducían los paquetes. Por lo tanto, esa jugada financiera fue detectada cuando les «hacen el arqueo», lo que «sorprendió a las autoridades» porque detectan todas las irregularidades.
De tal forma, que Tiempo Digital consultó si esas mismas fueron concocidas en 2019, cuando allanaron Grupo Génesis en la Operación «Odiseo II», y el portavoz respondió que el expediente esta «en casi secretividad» porque involucra a más empresarios.
El acuerdo, aún deben dinero
Fernando Alas y Luis Leiva acordaron pagar «el resto» de la deuda fiscal, casi 800 mil para completar la cantidad antes mencionada.
También «se les aplicó una multa de «casi el doble de los 213 mil, pero ellos sólo pagaron 213,254, por lo que debe», señala Ruy, pero les beneficia el proceso de conciliación, del cual habrá audiencia el próximo 19 de marzo, a las 10:00 am. Sin embargo, aclara que en total «ellos han pagado más de un millón de lempiras».
Ruy Barahona enfatizó que Grupo Génesis es como un cosorcio, por lo que «no se puede determinar que es el grupo el que defraudó», pero Leiva es representante legal de esta agrupación naviera y de las empresas que fueron señaladas.
Hay que recordar, que los aduaneros en libertad deberán firmar una vez al mes ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal previo al Registro Biométrico. No podrán salir del país sin autorización del juez competente.
