TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público (MP), la detención del candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana se realizó con base a las declaraciones de un testigo protegido.
A Orellana se le acusa por su supuesto vínculo con el crimen organizado y el tráfico de drogas durante su período como capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.).
Según el comunicado, Orellana habría actuado en complicidad con su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla.
Se quedaba con lo incautado
De acuerdo a las investigaciones, cuando el excapitán decomisaba drogas o dinero, no las reportaba en su totalidad y se quedaba con parte de lo decomisado.
Asimismo, explica que las armas decomisadas se llevaban a un grupo delictivo denominado ZIPE, el cual opera en La Ceiba. Esta información se adquirió por medio de las declaraciones de un testigo protegido de Brus Laguna, Gracias a Dios, dice el texto.
El hombre también dijo que Orellana había participado en decomiso de vehículos que transportaban millonarias cantidades de dinero. Además, se le acusa de haber participado en el asesinato de varias personas, entre ellas un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Además, los agentes de investigación aseguran que Santos Orellana negociaba la entrega de drogas. «En escuchas telefónicas negociaba entrega de droga, luego que esta era decomisada a otras organizaciones criminales del sector de La Mosquitia», explican.
En ese sentido, se indica que Orellana enviaba el dinero decomisado y obtenido en los operativos a su esposa y a su suegra.
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Cantidades de dinero no justificadas
El MP también expone que luego de realiza un análisis financiero se pudo verificar que el excapitán Santos Orellana recibió más de 2 millones y medio de lempiras en ingresos brutos.
Mientras que en salarios recibidos en su tiempo como capitán obtuvo al rededor de 800 mil lempiras. Sin embargo, las mayores cantidades de dinero estaban en las cuentas de la esposa y la suegra.
De acuerdo a los análisis financieros y las fuentes de ingreso en los períodos comprendidos entre los años 2010 y 2020, recibieron más de 238 millones de lempiras. Los fondos no han podido ser justificados y se desconoce el origen de las transacciones e inversiones.
El MP concluye que la actividad mercantil realizada y registrada ente la administración de rentas no es coherente con lo declarado por las personas acusadas.
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