TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez con jurisdicción nacional decretó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el presidenciable Santos Orellana, su esposa y su suegra, acusados de lavado de activos en perjuicio de la economía hondureña.
Ayer a las 9:00 de la mañana inició la audiencia inicial en contra de Orellana y su familia y estaba por definirse si se podía defender en libertad o seguiría guardando prisión.
Más de una docena de simpatizantes del capitán llegaron hasta las instalaciones del Fuerte General José Trinidad Cabañas, donde se realizó la audiencia, levantando oraciones para que su presidenciable quedara en libertad. Sin embargo, el juez, a las 9:40 de la noche sostuvo que Orellana y su familia seguirían tras las rejas.
En el caso del candidato presidencial por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE) continuará en el Primer Batallón de Infantería. Mientras tanto, su esposa, Jennifer Lizzeth Bonilla, y Reina Lizzeth Bonilla (suegra), permanecerán en la cárcel de mujeres en Támara.
El pasado cinco de noviembre un juez decretó detención judicial en contra de los tres imputados. El informe patrimonial de los bienes e ingresos de Orellana y su familia fue la principal prueba evacuada ayer en la audiencia inicial.
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La acusación contra Santos Orellana
De acuerdo a las investigaciones fiscales, un testigo protegido manifestó que Orellana realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado.
Del mismo modo, el testigo dijo que Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares. Y, también lo acusan de la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
Posteriormente, al realizar el análisis financiero se comprobó que durante el tiempo de Orellana en las FF.AA. recibió más de dos millones y medio de lempiras.
También su esposa y suegra, de acuerdo a las fuentes de ingreso, recibieron más de 200 millones de los que no tienen justificación.
Lo mencionado, según el MP, evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la Administración de Rentas no es coherente con lo declarado.
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