AFP. Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas a la jefa de gabinete del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un momento en que las relaciones entre ambos países están en sus horas más bajas.
En el Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro acusa a Martha Carolina Recinos De Bernal de estar al frente «de un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital», en el marco de la pandemia.
Además, asegura que ordenó a varios ministros a autorizar compras «que incluyen millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital a empresas sin vínculos aparentes» con la industria sanitaria.
Revendieron donaciones
Estados Unidos afirma que «funcionarios de la administración de Bukele, incluida la jefa de gabinete Recinos, supuestamente revendieron equipo de protección personal donado y otra ayuda médica con un importante margen en beneficio propio».
Recinos estuvo, asimismo, a la cabeza de «un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno para aliviar el covid-19 se desviaron para el uso de candidatos específicos» del partido salvadoreño Nuevas Ideas, con el fin de obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021.
Las canastas de alimentos «se utilizaron para obtener votos y apoyo en el período previo a las elecciones», asegura.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017, implican el congelamiento de cualquier activo que pueda tener en Estados Unidos. También, le prohíben toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador son muy tirantes. Washington le cortó la ayuda a través de su agencia de cooperación USAID y la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción, a lo que Bukele reaccionó estrechando lazos con China.
Una prioridad
La lucha contra la corrupción es una prioridad del gobierno del presidente Joe Biden. Él la considera esencial para atajar las principales causas de la ola migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Y es el pilar de la Cumbre por la Democracia de Biden, que se celebra virtualmente jueves y viernes. De ella han sido excluidos los gobiernos de ocho países de las Américas:
- Bolivia
- Cuba
- Haití
- Honduras
- Nicaragua
- Venezuela
- El Salvador
- Guatemala
Precisamente el Tesoro también impuso sanciones económicas este jueves al guatemalteco Manuel Víctor Martínez Olivet. A él se le acusa de «participar en diversos actos de apropiación indebida, fraude y abuso de autoridad» cuando era director del Área de Salud Santa Rosa del Ministerio de Salud Pública de Guatemala.
La lucha anticorrupción es «una prioridad central de la seguridad nacional», declaró este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken, quien anunció que «un coordinador anticorrupción global» liderará la aplicación de la estrategia de Estados Unidos anunciada esta semana por la Casa Blanca para contrarrestar este flagelo.
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Restricciones de visados
El jefe de la diplomacia estadounidense también anunció una batería de restricciones de visados que afecta a varios latinoamericanos, entre ellos Recinos, su marido y su hijo.
Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, sometido ya a sanciones económicas, tampoco podrá entrar en territorio estadounidense.
Se impide, asimismo, el ingreso a Carlos Julián Bermeo Casas, un exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), por «haber aceptado un soborno monetario a cambio de obstruir la extradición a Estados Unidos de un presunto narcotraficante».
Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, al que Washington considera una dictadura, corre la misma suerte por «aceptar un soborno monetario» para «permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a miembros del régimen».
Las restricciones de visados se extienden a familiares directos de los sancionados.
«Los actos de corrupción toman recursos de los ciudadanos. También, socavan la confianza pública y amenazan el progreso de quienes luchan por la democracia», estimó este jueves la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.
En el pasado el presidente Biden calificó a la corrupción de «cáncer».
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