TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este día, la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial de Honduras, exigió la eliminación de dos salas de castigo instaladas en la prisión de «máxima seguridad» La Tolva, donde aislaban y castigaban a los reclusos.
En ese sentido, los jueces que ordenaron el cierre de esas salas de castigo, señalaron que su uso atenta la dignidad de la vida e integridad humana.
Además, las autoridades pidieron que Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que haga las reparaciones necesarias en sus instalaciones. Por lo cual indicaron que se debe mejorar el registro para detectar armas, así como realizar traslados para evitar hacinamientos. También, pidieron realizar la atención adecuada a las personas que ingresan al centro asistencial.
Cabe destacar que estas medidas surgen luego que los jueces constitucionales otorgaron una garantía constitucional de exhibición personal correctiva. Lo establecido por las autoridades cubre a los privados de libertas internos en La Tolva.
De igual forma, la Sala de lo Constitucional concedió una garantía para el centro correccional de menores Renacer. Esto, en favor de los menores infractores internos en esa institución, tras el amotinamiento que aconteció en diciembre 2019. También por la falta de reacción del director del centro de reclusión, puesto que muchos reos resultaron heridos.
El vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, señaló: “Declarar con lugar en ambos casos la garantía de exhibición personal de origen de oficio en uno de los casos donde los privados de libertad en La Tolva. También, a favor de los menores en el centro de corrección Renaciendo”.
Asimismo, indicó que dichas garantías están en contra de las actuaciones de las direcciones de estos centros penales y del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Lea también: INP: primeras audiencias virtuales se realizarán en Támara y La Tolva
Sala de lo Constitucional pide mejoras dentro de la Tolva y Renacer
En cuanto a las reformas que indican lo establecido por la Sala de lo Constitucional, Duarte manifestó que las autoridades de los centros de reclusión deberán acatar las medidas en mención.
Entre las exigencias, mencionaron la mejora en las condiciones de seguridad al interior de las prisiones, la contratación de personal y reparación de los portones en mal estado. Al igual, el reemplazo de cámaras de seguridad dañadas, realizar revisiones más seguidas para detección de armas y decomisarlas a tiempo.
Además, Duarte indicó que ordenaron investigar con el apoyo del Ministerio Público (MP) qué miembros del personal de los centros penales están confabulados en las acciones de ingreso de armas de forma clandestina.
«En La Tolva se detectó por parte del juez ejecutor la existencia de estos lugares de segregación que son denominados internamente como “cuarentena” y “la reseña”. Están ordenando que sean eliminadas en virtud que carecen de las condiciones necesarias para la dignidad humana», dijo Duarte.
Explicó que es necesario que las autoridades penitenciarias realicen un reordenamiento. Manifestó que algunos reclusos deber estar separados para impedir los enfrentamientos entre ellos.
Indicó que deben solucionar los problemas de salubridad en el área de la cocina, habilitar los talleres donde aprenden profesiones e impiden el ocio. Asimismo, habilitar áreas de recreación y ejercicio, hacer mejoras en el abastecimiento de agua y atención médica.
“Dar atención a las personas que tienen tuberculosis y adoptar medidas para evitar el contagio de otras personas, garantizar el derecho a la educación de los internos. Verificar el traslado de un reo identificado como Denis Adán García, quien estaba en un lugar sin las condiciones aptas con riesgo en su estado de salud”, agregó el vocero del CSJ.
Tres meses para cumplir medidas
Melvin Duarte, informó que los jueces constitucionales establecieron un plazo de tres meses, después de la notificación de la sentencia. Recalcó que ese es el tiempo para que ambas prisiones cumplan con las medidas expuestas para reducción de altercados.
Para confirmar el desarrollo de lo establecido, resaltó que después de un año ambos centros penitenciarios (La Tolva y Renacer) tendrán que informar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y a los miembros de la Sala de lo Constitucional sobre los cambios ejecutados.
Entre estos, los cambios de infraestructura, capacitación de personal y los detenidos de la resolución de conflictos. De igual forma, las garantías de atención médica, separación por categoría entre procesados, condenados, adultos y menores de edad.
A la vez, deberán comunicar sobre el acceso al agua potable, el servicio sanitario, uso de luz natural o artificial. Además, de la calidad de alimentación, la suspensión de medidas de disciplina con propósito de realizar castigos corporales, los cuales ponen en peligro la vida y la salud mental y física.
Finalmente Duarte, señaló que si los centros penales no cumplen con lo establecido, procederán a deducir las responsabilidades de quienes estén a cargo.
Antecedentes
Cabe recordar que esta iniciativa la realizó la Sala de lo Constitucional luego del asesinato de cinco reos por parte de otro privado de libertad. Esto, ocurrió el 15 de diciembre de 2019 el interior de La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso.
Asimismo, ocurrió pasado tres de diciembre del 2019, en el centro de menores “Renacer” , donde un amotinamiento provocó la muerte de cuatro reos, y a otros más los reportaron como heridos.
