BRASIL. El gobierno brasileño pidió el martes a la Corte Suprema anular el procedimiento de impeachment de Dilma Rousseff, en un desesperado intento por impedir que la presidenta sea alejada del poder.

El Senado decidirá si abre un juicio político contra Rousseff, la Abogacía General del Estado, que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por «venganza» personal.

La AGU recuerda que Cunha -suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones en su contra en el megafraude a Petrobras- dio luz verde a la solicitud luego de que el gobernante Partido de los Trabajadores decidiera apoyar una investigación que le inició la Cámara baja por faltas éticas.

«Cinismo»

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también saltó en defensa de Rousseff tras reunirse con ella el miércoles en Brasilia, y cuestionó la legitimidad del impeachment porque es impulsado por varios legisladores investigados o acusados de corrupción.

Hay un «porcentaje alto de diputados y senadores que podrían estar involucrados o indagados o acusados en temas de corrupción. Eso definitivamente genera un problema estructural de cinismo en cuanto a las decisiones que hay que tomar sobre el impeachment», dijo Almagro en un audio colgado en su cuenta Twitter.

Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento.

El jefe de la OEA también sostuvo que las causas invocadas para el impeachment generan «incertidumbre política» y dijo que pedirá la «opinión consultiva» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto.

Golpe parlamentario vs crimen de responsabilidad

Tras días de alocadas marchas y contramarchas, los 81 senadores tienen previsto reunirse el miércoles para decidir si abren un juicio de destitución a la primera mujer presidenta de Brasil y la suspenden del cargo por hasta 180 días.

Rousseff es acusada de cometer un «crimen de responsabilidad» por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales durante su campaña a la reelección y en los primeros meses de su segundo mandato.

La exguerrillera de 68 años, que asumió el poder en 2011 y debe concluir su mandato a fines de 2018, insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y asegura que es víctima de un «golpe parlamentario».

Sondeos y analistas coinciden en que ya hay votos más que suficientes para iniciar el juicio político.

Son necesarios 41 votos de un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, y aguarde la sentencia final en la residencia oficial.

Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida con los votos de dos tercios del Senado, Temer finalizaría su mandato en 2018.

El presidente del Senado, Renán Calheiros, dijo que la votación comenzará a las 09H00 (12H00 GMT) del miércoles y que quiere terminarla el mismo día, aunque en teoría podría durar más de 20 horas.

La presidenta, que ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno y cuenta con apenas un 10% de popularidad, denuncia incansablemente un «golpe frío» en su contra en cada aparición pública.

«Precisamos defender la democracia, luchar contra el golpe, luchar contra todo ese proceso extremadamente irregular», insistió Rousseff el lunes.

Un alocado intento de frenar el proceso de impeachment el lunes no dio resultado: el presidente interino de la Cámara de Diputados anuló intempestivamente la votación del pleno de la Cámara baja que en abril apoyó el proceso, pero luego reculó y anuló su propia decisión.

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil es sacudido por la batalla por el impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras, que tiene a decenas de políticos y empresarios en la mira.

Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.