TEGUCIGALPA, HONDURAS. El General en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, aseguró no tener miedo que se le investigue por los hechos suscitados durante el Golpe de Estado del 2009 contra el ex-presidente José Manuel Zelaya Rosales.
Vásquez Velásquez dijo que él en ningún momento cometió delito alguno en el 2009. «Yo aquí ando libre porque yo soy una persona que no he violado la ley. Yo lo que he hecho enmarcado bajo la ley. No tengo problemas de ninguna índole», aseguró el general en condición de retiro.
Asimismo, Vásquez Velásquez manifestó que «si alguien cree que he cometido algún delito, allí están los juzgados, que me acusen, yo no tengo ningún problema».
Al consultarle sobre si tiene miedo alguno que tarde o temprano la justicia toque su puerta por los hechos del 2009, el General mencionó que no quería volver al pasado e insitió que no cometió delitos de lesa humanidad. «Los derechos humanos a nivel internacional dijeron que no existieron delitos de lesa humanidad en Honduras», remarcó.
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Cierre de medios
Con respecto al cierre de medios que se dio durante el golpe de Estado del 2009, Vásquez dijo que él y sus unidades militares actuaron amparados por una orden de un juzgado que veían a los medios de comunicación que estaban contra el golpe, como una plataforma que incitaba a la violencia y que por eso ellos actuaron.
«Nadie tiene derecho de estar levantando ánimos para violentar el derecho de otros o para pelearse entre sí. Las personas que hacen eso están cometiendo delito y cuando las personas cometen un delito las autoridades actúan, y esas fueron las órdenes de los juzgados, porque estaban sublevando al pueblo para una confrontación mayor», ilustró.
Durante el golpe de Estado se cerraron los siguientes medios de comunicación: Radio Progreso, Radio Globo y Cholusat Sur.
Hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre el papel de las FFAA en el golpe de Estado
Después de los hechos suscitados en el 2009, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa estableció una comisión que se encargó de esclarecer las acciones posteriores al golpe de Estado.
Dentro de los hallazgos, los comisionados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación encontraron que durante el Gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales, las Fuerzas Armadas y su alta jerarquía se vieron beneficiadas desde el Poder Ejecutivo con disposiciones que no se encontraban dentro de los reglamentos de la institución castrense, como ser recursos presupuestarios adicionales.
Otro de los descubrimientos es que debido a los beneficios que las FFAA recibieron por parte del Ejecutivo, estas estaban entre la orden del presidente Zelaya de apoyar con la logística de la institución para la realización de la consulta conocida como Cuarta Urna, o cumplir la orden de los tribunales competentes de no apoyar la consulta declarada ilegal.
Asimismo, la Comisión estableció en el informe que las FFAA acataron parcialmente la orden dictada por un juez natural, en la cual manifestaba que se debía allanar la casa del presidente Zelaya para, posteriormente, presentarlo ante la autoridad competente. Sin embargo, solo se cumplió la primera orden y enviaron a Zelaya a San José, Costa Rica.
También se encontró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no procedió a pedir explicaciones por las decisiones anticonstitucionales cometidas por las FFAA, y que la resolución de la crisis pasó del ámbito de las instituciones civiles al ámbito de la institución militar.
Otro de los hallazgos con respecto a los hechos del golpe de Estado, es que las FFAA, al consumar la expatriación del presidente Zelaya, convocaron a funcionarios de los poderes del Estado para que se redactara un comunicado para explicar lo sucedido a la población.
Las acciones posteriores a las reuniones que sostuvieron las FFAA con varios actores políticos hacen «que el golpe de Estado en Honduras registre particularidades que rebasan el concepto clásico de golpe de Estado en América Latina».
