TEGUCIGALPA, HONDURAS. Casi dos meses han transcurrido desde que el Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció la adjudicación del contrato para la emisión de 5.5 millones de tarjetas para el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) al consorcio europeo, Thales Group.
El proceso de licitación para la reestructuración de la antigua tarjeta de identidad inició desde octubre de 2018, pero fue prácticamente dos años más tarde que se materializó en una segunda licitación.
Inicialmente, el RNP informó que dos empresas resultaron finalistas en el primer concurso. Sobre ello, Richard Barathe, representante en Honduras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -quien ejecutó el proceso licitatorio- dijo que la información sobre ambas compañías finalistas se mantenía en «confidencialidad».
Sin embargo, meses más tarde se conoció, que las firmas internacionales, no cumplían con las condiciones de seguridad que el RNP solicitaba. Esto dilató así el proceso, pero fue hasta el pasado 19 de agosto, que se confirmó la finalización de la segunda licitación. Dos días después, la población hondureña conoció que Thales Group, es la nueva encargada de emitir el principal documento de identificación.
Pese a que se reveló que la empresa cobraría 1.88 dólares por cada DNI, el contrato permanece «oculto». Esto opaca la transparencia con la que las autoridades aseguran se ejecuta el proceso.
TIEMPO DIGITAL, desde que se anunció la empresa ganadora de la licitación, emprendió una búsqueda en los portales digitales involucrados en el proyecto denominado «Identifícate» (PNUD y RNP). No obstante, hasta el momento, el importante documento aún no se hace público.
La empresa que ganó el contrato debe contar con la maquinaria apropiada para impulsar el proyecto y el material para emitir 5.5 millones de tarjetas de identidad para adultos y 2.4 millones para niños entre los cinco y 18 años de edad. ¿Bajo qué condiciones se llegó a ese acuerdo y cuáles son las obligaciones de cada parte?
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¿Contrato oculto?
En anteriores publicaciones, TIEMPO DIGITAL contextualizó las irregularidades bajo las que se inició el proyecto que dotará de nuevo documento de identidad a más de 5 millones de hondureños.
Como parte de la búsqueda de información, semanas atrás se contactó a Óscar Rivera, comisionado del RNP. A él se le consultó sobre la «secretividad» en la que se maneja el millonario contrato.
En respuesta ello, el funcionario dijo escuetamente que es el PNUD quien maneja la información. Este viernes, se intentó nuevamente establecer comunicación con el servidor público, pero no atendió el llamado.
Las irregularidades y el hermetismo se vuelve más evidente con el pasar de los días. Las elecciones se acercan, y analistas políticos, como Julio Larios, prevén que el fraude para 2021 está en marcha. ¿Por qué se niegan a publicar el contrato con Thales Group?
Cabe destacar que los problemas no se limitan al proceso de emisión de la nueva identidad, sino que alcanzan a la prestigiosa empresa Oracle S.A., contratada para proteger y actualizar los datos de los hondureños en aras de unas elecciones transparentes.
Oracle S.A. y Thales Group, ¿están poniendo en riesgo el nuevo proceso electoral? Por un lado, un supuesto hackeo que se niegan a aclarar, y por el otro, un contrato que parece inexistente. ¿Quiénes darán respuestas a los hondureños?
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