TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas extranjeras por parte del Registro Nacional de las Personas (RNP) se vienen entrelazando como eslabones que impiden adentrarse en las condiciones, beneficios y obligaciones de cada parte.
Actualmente, el RNP a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), adjudicó al consorcio integrado por las empresas Thales y Selp, el servicio que permitirá emitir el nuevo Documento de Identificación Nacional (DNI).
Sin embargo, poco o nada se sabe de la forma en que se llevó a cabo dicha licitación. Es más, todavía no se ha divulgado el contrato que suscribieron las autoridades del Registro Nacional con estas compañías extranjeras.
El escenario se construyó con base a dos licitaciones. desde el año pasado se había anunciado que era necesario comenzar con los procesos, para proveer a los hondureños de una identificación actualizada, misma que, traería transparencia al desarrollo de las elecciones de 2021.
Dicha licitación se comenzó a realizar en 2018 por parte del PNUD, esperando hacer la convocatoria pública a los oferentes en noviembre del mismo año. Posteriormente, el Congreso Nacional (CN) mandó al RNP seguir con el proceso, puesto que, este no había dado frutos.
En diciembre de 2019, las autoridades informaron que dos empresas habían sido las finalistas de un grupo de 10 participantes. Es decir, la compañía Selp y Gemalto de origen francés y holandés.
Pero tiempo después surgió nueva información indicando que las firmas internacionales no cumplían con los niveles de seguridad que se requerían para la nueva identidad. De esta forma, se obligó a una segunda licitación.
El pasado 19 de agosto, el PNUD, confirmó que la misma se había concluido. Pero, fue hasta cuatro días después que revelaron el nombre de la empresa. En esta ocasión, la compañía ganadora fue la mencionada anteriormente: Thales Group. Un consorcio multinacional francés.
Secretos y confidencialidad
Diario TIEMPO Digital ha querido conocer más a fondo las condiciones en que se aprobó este contrato, es decir, si se cumplió con todos los requerimientos que estipula la Ley de Contratación del Estado.
Asimismo, constatar cuántas firmas realizaron sus ofertas, los costos o si se desarrolló de forma directa, tal y como se ha acostumbrado en años anteriores. Por ejemplo, la contratación que se hizo en 2019 a la empresa Oracle.
DATO: El proyecto que consiste en el registro digital biométrico de las personas y la fabricación del nuevo DNI, tiene un valor de $70,775,453 (L.1,740,000,000).
Hasta la fecha, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tampoco ha publicado dicha licitación, la cual, debería estar a disposición de la ciudadanía en general.
Por su parte, el comisionado del RNP, Óscar Rivera, se limitó a responder vía mensaje que el «PNUD tiene (el) detalle».
«Cómo es posible que el PNUD no divulgue ese contrato, hasta donde yo sé, se lo adjudicaron a la misma empresa que meses atrás había sido descalificada», cuestionó semanas atrás Salvador Nasralla, a través de un foro televisivo.
El vicepresidente del CN, Antonio Rivera Callejas, dijo que tampoco estaban al tanto de la contratación. «Ni por cerca. No sé nada. Todo fue hecho por PNUD».
Entonces, ¿Cómo las autoridades aprueban una compra que ni ellos mismos conocen? ¿Por qué razón el PNUD mantiene bajo confidencialidad esa licitación?
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¿Qué pasó en 2019?
El 29 de mayo de 2019, el Poder Legislativo aprobó una contratación directa en beneficio de la empresa centroamericana Oracle S.A. Misma que generó toda una polémica por haberse concedido en medio de protestas e insurrección de algunos parlamentarios.
Dicho contrato fue valorado en L185.3 millones, destinados a adquirir licencias para instalar una nueva base de datos en la nube; al igual que, servicios avanzados de migración y administración de datos, diligencias de consultoría y desarrollo.
No obstante, el Partido Liberal, rechazó la compra del software, argumentando que no se siguieron los procedimientos establecidos por la Constitución hondureña; así como, los de la Ley de Contratación del Estado.
De las cuales, se derivan varios mecanismos de gestión pública que, se deben cumplir al momento de realizar cualquier tipo de adjudicación. Entre ellos: publicidad, transparencia, libre competencia, igualdad y eficiencia.
Así, por primera vez en la historia del país, el RNP prescindió de los intermediarios que asisten en dichos procesos. Pero, para la Junta Interventora, esto no significó más que un ahorro en las finanzas del Estado.
Y es que, según el comisionado Rolando Kattán, al haber negociado de forma directa con Oracle, se libró al país de gastar alrededor de L245 millones.
Exoneraciones de impuestos
Asimismo, a petición del RNP, se exoneró a la compañía Oracle de pagar impuestos al Estado hondureño. Por lo que, la firma en mención no tiene la responsabilidad de retribuir económicamente al país por los ingresos obtenidos, por los materiales que ingresen al país; y, tampoco requiere de permisos de operación u otros similares.
Todo quedó legalmente establecido el 15 de mayo de 2019, bajo la participación de Rolando Kattán, como coordinador de la Junta Interventora, y Roy Guzmán Martínez, representante de Oracle en Centroamérica.
Desde entonces, el RNP prometió a la población que contaría con una base de datos «confiable, transparente y aprueba de cualquier manipuleo».
Sin embargo, tan solo unos días atrás, un internauta expuso en redes sociales que la página del RNP, donde está la base de datos de los hondureños, y la del Instituto de Conservación Forestal (ICF) fueron hackeadas. Agregó que sus autoridades ni siquiera se dieron cuenta de lo ocurrido.
«Lo que me deja pensando. Si Oracle que está haciendo millones de dólares en Honduras no le pone ni seguridad a la plataforma que tiene todos tus datos, ¿vos crees que les va a importar el día de las elecciones?», dijo en un comentario el usuario denunciante.
Promesas y más promesas
Luego de contar con una nube que permitiera el traslado seguro de la información de los hondureños mayores de 17 años, se preveía comenzar con el enrolamiento de toda la población; con el objeto de proporcionar un nuevo documento de identificación.
Es en esta fase, donde entra la compañía Thales y Selp. En un principio, las autoridades del RNP, mencionaron que la primera se encargaría de «la seguridad digital». Mientras que, la segunda de la «fabricación de las tarjetas de identificación».
DATO: Se pretende que las firmas elaboren 5.5 millones de documentos de identificación a un costo de $1.8 cada una.
A escasos meses de las elecciones primarias, Honduras, no sabe si logrará contar con el DNI para ejercer su derecho a votación. El RNP, sigue con las actividades de enrolamiento en todo el país de la mano del proyecto «Identifícate», el cual, ha sido catalogado como «fraudulento» por partidos de la oposición.
Además, no se tiene un censo nacional depurado, desencadenando un escenario sombrío para las elecciones del próximo año.
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