Tegucigalpa, Honduras. El caso sobre el crimen de la activista Berta Cáceres ha tomado un nuevo giro, pues la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), reveló la resolución de una Corte de Apelaciones que revoca el sobreseimiento definitivo y ordena continuar con el proceso investigativo contra un policía activo y un exagente de la Policía Nacional.
Ambos individuos habían sido asignados para que participaran en resolver el crimen de Cáceres, pero luego se comprobó que trataron de adulterar el curso de las circunstancias que rodearon las pruebas del hecho.
Los acusados son el agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcangel Rosales Izcano, a quienes, según el Ministerio Público (MP), erróneamente se les había favorecido en junio pasado, declarándoseles nulas sus causas con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
No obstante, ahora con la resolución, los dos deberán ir a la audiencia de proposición de pruebas. Asimismo, les tocará someterse a un juicio por los delitos inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos.
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Fabricaban las pruebas
De acuerdo al MP, cuando estaban en la investigación, ambos sujetos se encargaron de realizar y plantar varias pruebas que eran falsas. Una de ellas, fue la declaración de un supuesto testigo protegido.
El propósito de los policías, según los reportes, era poder desviar la atención de las autoridades del caso del asesinato de la activista.
El 3 de marzo de 2016, se mencionó que el móvil del crimen estaba vinculado al robo, sin embargo, la investigación realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), descartó esa hipótesis. Para el 2 de mayo de ese mismo año ejecutó la Operación “Jaguar”, en la cual se efectuaron las primeras capturas.
El crimen
Por ahora, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), reporta la condena de ocho personas implicadas en este caso.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016, en su vivienda de La Esperanza, donde también se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto. Cuando los asesinos forzaron las puertas, Castro escuchó cuando Berta preguntó: «¿Quién está ahí?», luego escuchó un disparó, los criminales hirieron a Castro, pero fingió estar muerto para salvar su vida.
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