TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Estado aceptó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (C-IDH) su responsabilidad parcial en el caso «Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras», luego de que cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destituidos cuando Juan Orlando Hernández (JOH) era presidente del Congreso Nacional, interpusieran una demanda.
Los abogados destituidos de la Sala Constitucional son:
- José Antonio Gutiérrez Navas
- José Francisco Ruiz Gaekel
- Gustavo Enrique Bustillo Palma
- Rosalinda Cruz Sequeira
Los cuatro miembros del Poder Judicial resultaron suspendidos de sus cargos el 12 de diciembre del 2012. El argumento que usó el Legislativo en aquel momento fue responsabilidad administrativa.
Sin embargo, se alega que el hecho se dio por oponerse a las ahora derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Luego de su destitución y no encontrar una solución en Honduras, acudieron a la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las audiencias se desarrollaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) con sede en Costa Rica. En ellas participaron los jueces, representantes del Estado de Honduras, los afectados y sus abogados. Se desarrollaron este 6 y 7 de febrero.
Al final de la audiencia, se procedió a los alegatos y en su intervención, el Estado de Honduras reconoció la responsabilidad. Sin embargo, pidió a la C-IDH mediar en las acciones de reparo e indemnizaciones a los magistrados.
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Términos de Honduras
Laura Flores Dubón en su condición de secretaria general de la Procuraduría General de la República (PGR) y representante del Estado de Honduras, manifestó que se está consiente de los tratados que el país tiene suscritos para el respeto a los derechos humanos.
«El Gobierno de Honduras reconoce que es un derecho de las presuntas víctimas que los hechos se conozcan y las violaciones no se repitan». Para el Gobierno es una prioridad fortalecer las instituciones en aras de garantizar la dignidad humana y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los hondureños», indicó.
De la misma manera, la profesional del derecho comunicó que ya se han realizado múltiples acercamientos con los representantes de las presuntas víctimas. Estos están orientados a la suscripción de un acuerdo de solución amistosa entre las partes.
Asimismo, señaló que en los acercamientos se cursaron propuestas y contrapropuestas en formato electrónico y reuniones mediante videoconferencias.
«Las propuestas partieron de las recomendaciones emitidas por la CIDH en su informe de fondo y lo solicitado como medidas de reparación en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las presuntas víctimas», comentó.
En consecuencia, Flores Dubón detalló que se logró el consenso en los acuerdos que se plantearon, con excepción del tema compensatorio. Esto último se dio porque el Estado solicita que las determine la C-IDH.
Reconocimiento del Estado
«Hacemos del conocimiento de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, de la comunidad internacional, de las presuntas víctimas y sus representantes, del pueblo hondureño y del público en general, que el Estado de Honduras reconoce su responsabilidad internacional, respeto de los hechos y derechos alegados», comentó la profesional del derecho.
De la misma manera, recordó que a los cuatro magistrados se les eligió de manera legal por el Congreso Nacional, para ejercer su cargo como magistrados por un periodo constitucional de 7 años (25 enero 2009-25 enero del 2016).
Sin embargo, se les removió de sus cargos el 12 de diciembre del 2012, de manera arbitraria y legal por el Poder Legislativo.
Es por ello, que el Estado reconoce algunos aspectos sentenciados en sus manifiestos y son:
1. El Estado se hace responsable por la violación de las garantías constitucionales y la violación a la protección judicial.
Las víctimas no pudieron recurrir a los órganos judiciales en el país, ante la sanción que colocó el Poder Legislativo, debido a que no había independencia en los poderes del Estado.
2. Por la destitución de las víctimas del cargo a través de un procedimiento no previsto en el ordenamiento jurídico del país y sin causal establecido en la ley, el Estado reconoce su responsabilidad por la violación al principio de la legalidad.
3. Según lo establecido en la CIDH se establece el derecho de ceder a funciones públicas en condiciones generales de igualdad. Lo que significa que el nombramiento, ascenso o destitución de funcionarios debe ser objetivo y razonables, respetando el debido proceso.
No podrían ser reintegrados
Sin embargo, la abogada Laura Flores destacó que en caso de que la C-IDH determinara en su sentencia que una de las reparaciones es el reintegro de las presuntas víctimas a su cargo de magistrados, resultaría imposible para el Estado.
La profesional mencionó lo anterior porque existe un proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera, el periodo de las víctimas finalizó el 11 de febrero del 2016
«Es por lo que concluimos que el reintegro de las presuntas víctimas vulneraría el diseño constitucional para el nombramiento y elección de los magistrados de la CSJ, generando inseguridad jurídica», agregó la representante del Estado.
4. El Estado incumple con el derecho al trabajo, cuando no protege a sus funcionarios estatales de separaciones arbitrarias y es algo que se reconoce conforme a lo alegado.
Sin embargo, Honduras solicitó a la C-IDH ver que tras la separación de los magistrados, su actuar laboral de manera independiente no se ha impedido. Esto sucedió principalmente entre la fecha de su destitución y la del final del periodo, es decir el 12 de diciembre del 2012 y el 11 de febrero del 2016.
¿Denuncias ante amenazas?
En cuanto a su seguridad e integridad, Laura Flores comentó que, «el Estado de Honduras considera que en el presente caso no se configuran elementos que evidencien la violación al derecho de la integridad física».
Y ante los atentados alegados, las víctimas no presentaron ninguna denuncia ante el Ministerio Público, ente investigador del Estado. Por ende, dijo que no puede intervenir en un hecho que aún no ha investigado.
En consecuencia, el Estado de Honduras afirma su compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos y en particular con la independencia judicial.
«El Estado se compromete a que hechos como este no se repitan. Además, se compromete a reparar a las presuntas víctimas según lo establecido por la C-IDH en la sentencia que emita», agregó.
Por último, la abogada aseguró que el Estado es consciente de que los afectados pueden recibir una indemnización económica, en compensación a lo acontecido.
Es por ello que solicitó a la C-IDH que los montos de las indemnizaciones se fijen en conformidad a la jurisprudencia y en base a los principios de equidad, proporcionalidad y necesidad, al igual que otro tipo de gastos por daños y perjuicios.
Representación de las víctimas
El abogado Ignacio, representante de las víctimas, manifestó que como defensa valoran de manera positiva el reconocimiento de responsabilidad de parte del Estado de Honduras
«Creemos que esto beneficia enormemente con las víctimas, contribuye con el desarrollo del sistema interamericano y el desarrollo institucional de Honduras», indicó el jurista.
Sin embargo, en cuanto a lo señalado por el Estado, el representante de los afectados señaló que el ejercicio de las funciones de sus defendidos tras su destitución, tal como la notaría pública, no es un empleo público, ni hay remuneración de parte del Estado.
En cuanto al hostigamiento y maltrato de las víctimas y donde el Estado de Honduras asegura que no hubo denuncia, el abogado detalló que durante estos 10 años los magistrados se siguieron viendo afectados.
Todas las reparaciones, excepto el lucro cesante, los elementos se le aportaron a la C-IDH, para que sea ella que defina con base en la equidad qué es lo que confiere, pero no se pidieron montos en específico, afirmó el abogado.
Integridad de las víctimas
Por su parte, la abogada Fabiola Cantú detalló que el Estado de Honduras negó que se le haya violado el derecho a la integridad personal a las víctimas, argumentando la falta de denuncia.
En consecuencia, comentó que se registraron 29 hechos y se denunciaron ante múltiples instancias. A lo que sumó que no solo fueron amenazas, sino que también intentos de secuestro, uso de armas y hasta intervención de comunicaciones.
Entre tanto, el abogado Ignacio de Cazas se refirió al hecho de la modificación de la Constitución de Honduras y la figura del juicio político. En tal sentido, sentenció que la C-IDH deberá de referirse al tema.
De la misma manera, comentó que sobre la posible reintegración a la CSJ como magistrados, la C-IDH deberá de referirse y es el aspecto más importante, antes que las indemnizaciones.
Derechos humanos
Por su parte, el abogado Carlos Josué Padilla, representante del Estado a través de la CSJ, afirmó que Honduras tiene un compromiso con la garantía y el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, manifestó que Honduras en la actualidad está en un proceso de reestructuración institucional. Y por ello se ve obligado a asumir la responsabilidad en aquellas violaciones ocurridas, asumiendo el respeto y defensa a los derechos humanos.
En el caso de los cuatro magistrados, cuando el Estado asume la responsabilidad de manera parcial, el profesional del derecho sentenció que se inicia con el fin de reparar el daño a las víctimas.
También, solicitó a la C-IDH analizar los demás derechos alegados por la defensa y que según las víctimas se les violentaron.
En cuanto a los alegatos sobre las denuncias de las amenazas, que según la defensa sí se hicieron, Padilla sostuvo que en efecto se realizaron, pero ante otros entes como de sociedad civil. Al igual que, recordó que el notariado es una función pública por ley en Honduras.
Independencia judicial
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó el hecho de que el Estado de Honduras haya reconocido la responsabilidad en el caso.
Además, señaló que el caso representa la materialización de los grandes riesgos que implica para la independencia judicial el control político ejercido por otro poder del Estado, en incumplimiento de los requisitos impuestos por la convención americana.
«En opinión de la CIDH todo lo anterior evidenció una concreción de una sanción de sus actuaciones por los criterios jurídicos que emitieron en marco de sus funciones jurisdiccionales. Lo anterior en el contexto de sus actuaciones en el control de la constitucionalidad y leyes», agregó.
Plazo hasta el 6 de marzo
Por último, el juez presidente de la C-IDH, Ricardo Pérez Manríquez, indicó que hay plazo hasta el próximo 6 de marzo del 2023 para presentar sus alegatos finales y observaciones sobre las reparaciones en el caso, que no tiene prórroga.
De la misma manera, aseguró que, «quiero valorar oportunamente el acto de reconocimiento del Estado de Honduras y se recogerá en la sentencia».
Por último, agradeció a las partes procesales allí presentes y cerró el ciclo de audiencias públicas. El fallo en este caso se daría el próximo 7 de marzo.
