Redacción. La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, comunicó este viernes que presentaron requerimiento fiscal contra la jueza Keyla Yolany Fugón Ávila, por suponerla responsable del delito de prevaricato administrativo.
«Efectivamente el ente acusador del Estado presentó requerimiento fiscal». El Ministerio Público llegó ante el juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción en la causa instruida contra Keyla Yolany Fugón Ávila, manifestó Castillo.
En ese sentido, la vocera confirmó que a la acusada «se le supone responsable del delito de prevaricato en perjuicio de la administración pública».
«Supuestamente la encausada otorgó un beneficio a una persona, un privado de libertad, el cual no correspondía. Por esa razón, se le presentó requerimiento fiscal», añadió.
Finalmente, indicó que la audiencia de declaración de imputado quedó programada para el próximo miércoles 6 de marzo a las 10:00 de la mañana. «Esta ciudadana ya ha sido citada en legal y debida forma», agregó.
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El artículo 498 del Código Penal aborda el prevaricato administrativo. El precepto penal dice que el funcionario o empleado público que, a sabiendas de su injusticia, dicta resolución arbitraria en asunto administrativo, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para cargo u oficio público de cinco (5) a diez (10) años.
Si la resolución arbitraria es manifiestamente injusta y se dicta por imprudencia grave, se castiga con la pena de inhabilitación especial para cargo u oficio público de tres (3) a cinco (5) años.
Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la prevaricación administrativa es un delito. Ocurre cuando la autoridad o funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia.
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