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jueves, noviembre 21, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las autoridades de seguridad de Honduras confirmaron la mañana de este martes las primeras capturas de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP), acusados de un millonario fraude en contra de los familias de más los 107 reos que murieron tras el incendio en el centro penal de San Pedro Sula en 2004.

A través de su perfil en la red social X, el propio ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que ya están cumplidas 3 órdenes de captura. En este caso, se emitieron 8 requerimientos fiscales, por lo que aún 5 están pendientes.

De la misma manera, Sánchez sentenció que de estas tres personas requeridas, uno es abogado y los demás son empleados del INP. Las acciones policiales se desarrollaron la noche de ayer, lunes.

Incendio penal SPS
Más de 100 reos perdieron la vida tras el incendio en el centro penal.

También, el funcionario de Estado comentó que la operación está en curso, por lo que en las próximas horas se brindará mayor información.

Lea además: MP gira requerimiento fiscal en contra de empleados y notarios del INP

Millonario fraude 

A estos empleados del INP se les acusa del cobro de 49 cheques de dinero que estaba destinado para los familiares de los reclusos que murieron en el incendio del 2004 en la granja penal de San Pedro Sula. La suma monetaria es de 317 millones de lempiras.

Una de las capturas se ejecutó en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Esta sería la de un apoderado legal y persona ya de la tercera edad y su apellido es Santos, aún no se ha especificado su nombre.

Entre tanto, al empleado del INP, Pedro Armando Martínez, lo requirieron en la colonia Gaymuras de la capital. Y al tercer implicado, que es una dama, la aprehendieron en la colonia Santa Bárbara, también en Tegucigalpa.

La tragedia enlutó a varias familias, que debían recibir fondos monetarios.

En las próximas horas, a los tres imputados los van a trasladar a los Juzgados Antiextorsión para escuchar y presentarse en audiencia.

El Ministerio Público (MP) presentó la tarde de ayer, lunes, los ocho requerimientos fiscales en contra de 8 personas, entre ellos empleados del INP. Los delitos que les imputan son:

  • Fraude
  • Estafa
  • Falsificación de documentos públicos
  • Uso de documentos falsos

El comunicado del ente acusador del Estado establece que estos funcionarios habrían sustraído los fondos pertenecientes a 50 familias de privados de libertad que murieron en el incendio.

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