TEGUCIGALPA, HONDURAS. El decreto aprobado por el Congreso Nacional, que insta a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) a exonerar del pago de la licencia de conducir por robo y extravío ya entró en vigencia en Honduras.
La nueva ordenanza es concerniente a la problemática que implica el pago de renovación de licencia de conducir. En él se habla que el tramitar un documento que ha sido robado o extraviado representa un gran problema económico para los hondureños.
A causa de eso, el Estado solventará los costos económicos que conlleva a los ciudadanos repetir esos trámites.
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Tránsito cumplirá la disposición
Tránsito y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cumplirá lo que establece el decreto donde exonera el pago de licencia de conducir por extravío o robo. Ahora, los hondureños no pagarán la boleta estándar para hacer la renovación.
La portavoz de Tránsito, Dania Cruz Silva, atendió a Diario TIEMPO Digital para dar más detalles sobre la medida que entró en vigencia el pasado lunes.
«El nuevo procedimiento será más sencillo, ahora no se solicitará exámenes médicos y el único pago será de 200 lempiras del material de reimpresión», expresó.
No obstante, indicó que lo más importante es que el periodo de robo o extravío no debe ser mayor a 2 meses.
Los ciudadanos que realizarán el trámite deben ir a la DPI para hacer la denuncia y luego llevarla a Tránsito, ubicado en la colonia San Ángel, contiguo a instalaciones del INFOP.
Por último, argumentó que la licencia tendrá vigencia en el período pendiente que establece el sistema a partir de la fecha de renovación.
Una medida necesaria
Según datos oficiales de la DPI, a diario se reciben más de 15 reportes de extravío o robo de licencias. Por ello, surge esta nueva determinación ya que la economía de Honduras es de clase baja y media baja, mismos que están expuestos a asaltos, indican en el decreto.
Además, consideran que la licencia de conducir es un requisito para la libre circulación, los hondureños la necesitan y se mueven a conseguirla, afectando su economía.
En conclusión, el decreto apunta que la principal razón por la cual surge la disposición es para solventar cierta carga económica en los ciudadanos.
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