TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pronosticó un aumento de los conflictos por la tenencia de la tierra en Honduras para el año 2023 y reclamó la presencia el Estado como mediador para evitar la escalada de este problema.
La proyección de más confrontaciones por tierras apareció en un informe de la ASJ, a través del cual brindó su análisis sobre conflictividad social en 2022. El reporte hace referencia a los conflictos por tenencia de tierras o invasiones, una problemática que va en aumento.
La ASJ denominó el documento como «Conflictividad Honduras 2022: De la transición a la acción». En este se detalla cómo el 2022 quedó marcado por una transición política que tuvo 84% más de protestas que el 2021.
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No obstante, uno de los temas que más se remarca en el estudio es el de la «conflictividad por tenencia de tierras», debido a su rápida expansión.
Sobre ello, el director de democracia y transparencia de ASJ, Lester Ramírez, detalló que esta situación pasó de ser un problema de solo algunas zonas rurales a uno que se extendió a más sectores del país.
Según el informe de la ASJ este problema con las tierras «históricamente ha sido más visible en la zona del Bajo Aguán en Colón». Sin embargo, se expandió en 2022 a cinco departamentos más, entre ellos Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Lempira.
Por ende, Ramírez señala que este problema de tierras se volvió «multidimensional en Honduras». Debido a que si continúa en aumento solo podría significar una «crisis» difícil de sostener. «Hay que prestarle mucha atención y ponerle mucha cabeza a este tipo de conflictos», agregó Ramírez en su intervención.
Conflictos por invasiones de tierras
Cifras de organismos empresariales afirman que las invasiones de tierras ya alcanzan las 30 mil manzanas. Estos gremios estiman que el problema afecta a siete departamentos y ha frenado 2,300 millones de dólares en inversiones.
El documento de la ASJ refiere que dentro de esa «problemática multidimensional» se encuentra el desplazamiento de las formas tradicionales de producción agrícola a cambio del extractivismo palmero.
Sumado a lo anterior, están los conflictos de violencia y muerte a causa de las posiciones que toman algunos sectores. Por ejemplo, la postura de los grupos campesinos, policías y militares. También la de las empresas mineras, políticos regionales, defensores de la tierra, bandas criminales y narcotráfico.
Otro de los conflictos más complejos según este documento ha sido el de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES). Hasta ahora la ZEDE Próspera ubicada en Roatán y desarrollada por inversionistas de Estados Unidos, pretendería demandar al Estado de Honduras por alrededor de once mil millones de dólares en caso de ser expropiada.
Mediación gubernamental
Por otra parte, la ASJ a través de su informe explicó que dentro de las dinámicas que marcaron el 2022 se encuentra la ausencia de mediación gubernamental en tierras.
En ese sentido el documento plantea que un cambio de coyunturas sí causó gran impacto. No obstante, refiere que «hay un Gobierno ausente en la mediación».
«Cuando no hay una mediación generalmente las partes toman acciones por sí mismas para buscar resolver ese conflicto. Y muchas veces esas acciones terminan en violencia y muertes», indicó Ramírez.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), argumenta que unas 19,000 manzanas productivas fueron usurpadas en el 2022, poniendo en riesgo unos 500 mil empleos.
Para la gremial empresarial, «las usurpaciones generan pobreza, siendo responsabilidad exclusiva del Estado solucionar esta problemática».
Ahora bien, el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) reconoce que el Gobierno «tiene en sus manos la posibilidad política de desarrollar un proceso de gestión de conflicto agrario que permita pacificar».
¿Por qué no hubo resultados?
Según el documento las nuevas autoridades trajeron un planteamiento del gobierno grande, sin embargo, no se han obtenido resultados debido a varios factores.
Como se ha venido mencionando desde el comienzo, uno de los grandes problemas fue la transición de gobiernos. Pues luego de 12 años del continuismo del Partido Nacional el informe señala que tal transición «se produjo desde la óptica política, dejando a un lado la agenda estructural del país y la importancia de impulsar un proceso de reconciliación nacional para reconstruir el tejido social».
Además, ASJ, plantea que como parte de la transición política se impulsó una reestructuración administrativa. Esto habría causado como resultado, «un cierre del 2022 con apenas el 37% del presupuesto ejecutado, registrando el nivel más bajo desde que lleva registros».
Registro de conflictos por tierras
El documento trae a mención los diversos problemas por la tenencia de tierras durante el 2022. Dentro de los hechos registrados están las denuncias a grupos armados que estaban usurpando fincas a palmeros en Colón en el mes de febrero de 2022.
Asimismo, el hallazgo de tres cadáveres de personas que habrían sido asesinadas por conflictos de tierras. Otro evento que se registró fue el asesinato de Héctor Sarmiento, quien era gerente de una empresa bananera en Olanchito, Yoro.
A su vez, se trajo a mención el eco en denuncias de fincas invadidas en el Bajo Aguán. Así como el asesinato de Marco Tulio Paredes, un dirigente campesino de Colón.
También los desalojos a habitantes de que habían vuelto a ocupar el aeródromo de Celaque en Gracias, Lempira en ese mismo año.
De igual manera, se menciona el hecho de que simpatizantes de LIBRE ocuparon tierras, asentamiento al que denominaron «Ciudad Mel Zelaya». Al igual que el desalojo de tierras ocupadas por campesinos en La Gran Villa, en Puerto Cortés.
Y así sucesivamente se detalla otro sinnúmero de situaciones en las que se ven involucradas las tierras, pobladores, policías y militares en desalojos violentos en diferentes zonas del país durante ese año.
Estadísticas de conflictividad
Según el estudio realizado, Francisco Morazán se lleva el 69% del total de los conflictos en el 2022. En cambio, el 20% de conflictos está enmarcado en los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés, Olancho y Yoro. Por conflictos de tierras, pero también por causa de la criminalidad, masacres y narcotráfico.
Pese a los datos que remarcan cuáles han sido los conflictos estructurales en Honduras, especialmente en el tema de las tierras y el frágil Estado de Derecho, las autoridades de ASJ apuntan que esta información es vital para la mejora de decisiones.
El director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, señaló que estos datos pueden «permitir que las autoridades tomen decisiones adecuadas para que estos conflictos no pasen a la siguiente fase que podría ser la crisis».
Pues remarcó, además, que los conflictos que se han venido viviendo desde el 2022 y que amenazan con expandirse en este 2023 son una «antesala a una crisis, si no se manejan de manera adecuada». En tal sentido, añadió que esta información es de vital ayuda para el Gobierno como también para las instituciones privadas.
