TEGUCIGALPA. A punto de finalizar su período de administración del Estado de Honduras, varios ministros y funcionarios del gobierno buscan el pago de sus derechos adquiridos.
Luego de que se diera a conocer las cifras de los pagos que se estiman acreditar, muchas personas han expresado su incomodidad, pues aseguran que es ilegal e inmoral pagar esas cantidades.
Una de estas figuras es el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien considera que pagar esas prestaciones sería ilegal. Para Lobo Sosa, desembolsarle ese dinero a algunas funcionarios, como al canciller Lisandro Rosales, sería incorrecto.
«Creo que eso no está bien. La situación del país está difícil hay muchas necesidades que tiene la población. Los jugosos salarios del poder ejecutivo han sido una carga fuerte para el pueblo hondureño«, explicó.
Además, «Pepe» Lobo considera que los sueldos de ciertas personas son exagerados y no van de acuerdo con sus funciones.
Más de 1 millón de lempiras en prestaciones
Según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), el Canciller Lisandro Rosales gana al rededor de 200 mil lempiras como sueldo. Entonces, si se aplica el cálculo de prestaciones desde que se contrató en julio del 2019, le corresponde el pago de 1 millón 200 mil lempiras.
No obstante, el FOSDEH asegura que esa cantidad es sin tomar en cuenta los demás cargos que manejó en años anteriores.
Según el economista Obed García, del FOSDEH, la opción que tiene el gobierno es diseñar un plan de contratación para funcionarios públicos.
Ese plan debería elaborarse teniendo como base, o punto de partida, lo acontecido en esta ocasión, dado que Lisandro Rosales no es el único funcionario gubernamental que gana un salario arriba de los 150 mil lempiras al mes.
No obstante, el punto de vista del ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, es diferente. Él cuestiona cuál es el problema de pagarle derechos laborales a quienes han trabajado por el país.
«Esto se está haciendo con base al decreto 189-59 y reforma del decreto 150- 2008. Desde ese año se viene generando esta indemnización o reconocimiento», manifestó.
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Va en contra de la constitución
Según la explicación de algunos conocedores de la Constitución de la República, los funcionarios públicos no tienen derecho a gozar de este bien laboral.
«Se infiere a que no tienen derecho a pago de prestaciones, lo que significa que le paguen auxilio de cesantías o pago de preaviso como se le paga a empleados que han sido despedidos de manera injusta de un trabajo», aseveró el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
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