TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con la reducción de un 30 % en la planilla salarial de activistas políticos, el Gobierno se ahorraría unos 20 mil millones de lempiras, estimó el economista Rodulio Perdomo.
Con lo anterior, se evitaría un nuevo ajuste fiscal en la próxima administración gubernamental del país, continuó explicando el entrevistado. Al tiempo que sostuvo que solo debe permanecer personal que contribuye a la producción de bienes y servicios.
«El Gobierno, en la administración central y en el sector público, está lleno de activistas prescindibles. Pero se ahorraría mucho dinero, si solo deja personal que está contribuyendo a la producción de bienes y servicios», expresó Perdomo.
A renglón seguido, dejó entrever que es una práctica común que líderes políticos incluyan activistas en sus partidos. Estas personas, en la mayoría de ocasiones, carecen de mérito académico para agenciarse de 100 mil o 200 mil lempiras, cuestionó el economista.
Por otro lado, el entendido en el tema, también se refirió al refinanciamiento o restructuración de la deuda, como medida para evitar un nuevo ajuste fiscal.
«Se pueden tomar esas medidas, para que Honduras tenga tres años de moratoria en los pagos internacionales y nacionales, y esperando que se reactive las actividades después de la pandemia del coronavirus», concluyó el experto en economía.
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Ley de financiamiento de partidos políticos
En su tercer y último debate, el Congreso Nacional (CN) aprobó el pasado 15 de octubre, las reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos que se orientan a regular el financiamiento de las elecciones primarias y de los movimientos internos de los partidos políticos.
El dictamen favorable a la reforma argumenta que la garantía de democracia en los procesos primarios, es igual de importante que los comicios generales.
En ese sentido, la normativa que se reformó establece que se puede ejecutar mecanismos de control y vigilancia. Lo anterior, permitirá conocer claramente el origen y monto de los recursos económicos con los que operan, así como los gastos en que incurren los partidos políticos.
Sin embargo, la Comisión de Dictamen identificó ciertas lagunas que justifican la necesidad de profundizar esta fiscalización. Señaló que dichos vacíos jurídicos se relacionan a los movimientos internos que participan en las elecciones primarias y a sus precandidatos.
De igual forma, señaló que también es necesario hacer una referencia expresa al límite de las elecciones para ambos procesos.
También el dictamen indica que se genera confusión al no hacer una referencia específica de los pre-candidatos que participan en las elecciones internas y primarias.
“Al no existir una referencia expresa en cuanto al límite del monto de los gastos de campaña en las elecciones primarias, es necesario una regulación específica. Eso evitará problemas prácticos”, expuso la Comisión Legislativa.
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