TEGUCIGALPA, HONDURAS. El decreto que comprende la ampliación por 12 años de tres abusivos contratos de energía para el suministro eléctrico en el Litoral Atlántico ya está publicado en el Diario Oficial «La Gaceta».
El nuevo decreto se publicó ayer, viernes 02 de octubre. Desde su aprobación fue duramente cuestionado por diversos sectores al significar un «trancazo» al bolsillo de los hondureños.
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Aprobación de los contratos
La ampliación de los contratos 011-2018, 012-2018 y 013-2018 se hizo efectiva en sesión legislativa virtual el pasado 3 de septiembre. Asimismo, benefició a Comercial LAEISZ S.A. de C.V. para la generación de 70 megavatios a base de diésel en los departamentos de Colón, Atlántida y parte de Yoro.
El costo promedio del kilovatio por hora, fijados en los acuerdos es de $0.080 para la región de San Isidro y La Ceiba y de 0.083 para Regulero y La Ensenada, en la Costa Atlántica.
También se aprobó el contrato 049-018 enviado por la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, a favor de Rentas Américas Honduras S.A. DE C.V. por un término de diez años.
Reacciones y cuestionamientos
El abogado Juan Carlos Barrientos explicó que el Congreso Nacional pudo negarse a aprobar los contratos, ante los señalamientos de diversos sectores que manifiestan que son ilegales.
Asimismo, Barrientos hizo énfasis en que se puede presentar una demanda para pedir que se anulen los contratos adjudicados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Por su parte, el pasado mes, también se conoció la opinión del diputado Enrique Yllescas, quien ha sido uno de los detractores de cómo se ejecutaron los vínculos legales para la provisión de energía eléctrica.
«Los contratos de Empresa Energía Honduras (EEH), y los magnates, dueños de empresas generadoras de energía, tienen quebrada a la ENEE«, manifestó el también especialista en negocios y comercio internacional.
Cambio de plazos
Mediante un comunicado conjunto, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Operador del Sistema (ODS) señalaron que se cambiaron los plazos de cumplimiento, puntos de conexión a la red y el tipo de combustible a utilizar en la producción.
Con estos cambios, según la CREE y la ODS, se violó la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), que, entre otras cosas, ordena que sean estos organismos los que conozcan previamente sobre cualquier acto relacionado con la generación de electricidad, incluyendo los contratos de energía, pero no se les tomó en cuenta.
Ante esto, la nueva ley de ampliación de los contratos ha venido a causar polémica y dejar opiniones encontradas, además de poner «en tela de juicio», la legalidad del mismo. Así lo han dejado ver, varios sectores del país.
El Congreso Nacional, por su parte, asegura que en el hemiciclo no aplicaron ningún cambio como lo señalaron diputados en medios de comunicación.
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