TEGUCIGALPA, HONDURAS. A partir de este 16 de junio, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) tendrá independencia operativa del Ministerderaio Público (MP) luego de que se publicara en el Diario Oficial «La Gaceta».
La publicación oficial se conocerá al mediodía de este jueves. El decreto lo emitieron en La Gaceta con la fecha del 15 de junio de 2022 y hasta este mediodía estará disponible en formato digital.
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Tras el otorgamiento de independencia a la UFERCO, facultades similares a las que tienen las demás fiscalías en el Ministerio Público (MP), el tema ha desatado una polémica en distintos sectores de la sociedad.
Desde su aprobación en un denominado «Madrugón», expertos lo tildaron como una medida que va en contra de la Constitución de la República. La máxima ley hondureña solamente reconoce al MP como ente acusador del Estado.
El MP indicó que “apoyamos la lucha contra la corrupción y afirmamos que para fortalecer el Estado de derecho, con un fiscal del mismo rango que el Fiscal General de la República, se requiere de una reforma constitucional”.
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, describió la decisión como que «Libre y su alianza realiza un golpe técnico al MP. Se terminó el Estado de Derecho en mi país».
Detalles de la publicación
«El jefe de la UFERCO tiene la responsabilidad de informar al Director General de Fiscales sobre las investigaciones que inicie de oficio o instancia de denunciantes de los requerimientos fiscales que presente a los órganos jurisdiccionales», indica el documento.
Asimismo, detalla que las diferentes instituciones tienen la obligación de dar la documentación necesaria que la UFERCO necesite para realizar sus investigaciones.
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«Quien se niegue a entregar documentación, bajo cualquier artificio o retarde la entrega o remisión de la misma, será castigado con una multa de doscientos (200) salarios mínimos», manifiesta la publicación.
De igual manera, informa que los fiscales de la UFERCO podrán informar a la población y medios de comunicación sobre los requerimientos fiscales que se presenten.
«Salvo aquella información que por su propia naturaleza deba ser reservada para la etapa del juicio oral y público; así como todas las incidencias que se produzcan durante las diferentes etapas de un proceso penal», establece.
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