TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El decreto de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, aprobado por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, pese a las críticas, ya fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta
La publicación se realizó ayer, viernes, y contiene en sus artículos el perdón de algunos delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009.
El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009. También incluye a empleados o autoridades electas.
Vea también: La lista de delitos perdonados por amnistía, según CNA y COHEP
Al mismo tiempo, a quienes requirieron, acusaron o procesaron criminalmente por protestar contra el golpe de Estado.
El decreto también incluye delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios. Además, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.
De igual forma, incluye el fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, entre otros.
De acuerdo con el escrito, se aplicará a diputados que en diciembre de 2012 votaron a favor de destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por declarar inconstitucional el proyecto «Ciudades Modelo«.
«Pacto de Impunidad»
Diferentes sectores han considerado el decreto como un «Pacto de Impunidad» que va en contra del fin que persigue el partido Libertad y Refundación (Libre).
Sociedad civil, empresa privada e incluso políticos rechazan ese decreto que libraría de responsabilidad a los que han cometido delitos en contra de la administración pública.
Tal es el caso del exfiscal Edmundo Orellana, quien se unió al rechazo de la aprobación, tildándolo como «un nuevo ‘Pacto de Impunidad‘».
Oliver Erazo, abogado constitucionalista, también se pronunció y dijo que «es un blindaje y los hondureños estamos sumamente decepcionados».
Por su parte, instituciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) también repudiaron el decreto.
Gustavo Solórzano, asesor legal de COHEP, indicó que se trata de un “rosario de delitos” que aprobó el Congreso Nacional (CN) que preside Luis Redondo.
La CCIT dijo a través de un comunicado que «consideramos que hay algunos delitos que están siendo parte de la amnistía que no deberían ser incluidos».
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