TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Gobierno de la República presentó el proyecto de la Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social con la que pretende rescatar la ENEE.
Con esa normativa, el Poder Ejecutivo declara en emergencia nacional al subsector eléctrico. Esto comprende las estructuras de la Comisión Reguladora de Energía (CREE), el ente responsable del Despacho (ODS/CND), las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional.
De igual forma, autoriza al Poder Ejecutivo y la Junta Directiva de la ENEE para la implementación de un plan de emergencia para la recuperación del subsector y el rescate de la empresa pública.
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Crítica situación de la ENE
Según las autoridades gubernamentales, la crítica situación de la ENEE es provocada y va cada día en aumento. Por lo anterior, señalaron que el suministro del servicio de la energía eléctrica es insostenible e impagable por los consumidores en las condiciones que se encuentra.
Ante esa situación, aseguraron que para salvar la ENEE se deben implementar las siguientes medidas:
- Revisión y renegociación inmediata de los contratos de generación.
- Asumir de parte del Estado el despacho de la energía.
- Implementar un Plan agresivo para la Recuperación de las Pérdidas.
- Investigar la patraña y la corrupción que se evidencian en los diferentes Fideicomisos incluyendo el de EEH.
También se debe llevar a cabo la realización de auditorías integrales para identificar plenamente a los responsables del actual desastre y saqueo de la ENEE y la destrucción del subsector.
De acuerdo con el gobierno, la nueva legislación establecerá tarifas transparentes y justas. También otorgará concesiones responsables bajo contratos en modalidad llave en mano a favor de la ENEE.
Igualmente indicaron que permitirá la revisión de contratos y concesiones otorgadas que lesionan los intereses especialmente económicos de los hondureños porque impactan en el precio de las tarifas.
Diversificar fuentes y deuda acumulada
Con la nueva ley también se pretende diversificar las fuentes de generación de energía hasta alcanzar un 60 % de participación estatal, procurando una relación de la matriz energética con un 70 % de energía renovable para reducir la dependencia de la importación de combustible fósil.
A la fecha, la deuda total acumulada de la ENEE asciende a 75,600 millones de lempiras. Esa cantidad equivale al 60 % del total de ingresos del Estado en un año, y el 10.05 % PIB (747,804 millones lempiras), con 75 contratos de generación en operación comercial que facturan mensualmente 1,875 millones de lempiras aproximadamente, y según estudio del BID, hay contratos que sus ganancias superan en promedio el 30 %.
Debido al alto costo de los contratos, las pérdidas y el aumento de combustible, el precio del kilovatio hora de energía es el más caro de la región y las pérdidas técnicas y no técnicas totales ya ascienden a 38.1 %, representando más de ocho mil millones de lempiras que absorbe el Estado. Cada punto porcentual de pérdidas en la ENEE representa entre 15 y 17 millones de dólares anuales.
Renegociación de contratos
La ley de energía eléctrica como derecho humano permitirá a la ENEE renegociar los contratos y los precios a los que el Estado adquiere el servicio de energía solar y eólica, tomando como referencia los precios de la región Centroamericana, Caribe y América Latina.
Igualmente, la normativa autoriza a la ENEE para la adquisición de plantas de generación de energía eléctrica fijando un justiprecio, por razones de seguridad nacional, mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República.
Asimismo, plantea la derogación del contrato de fideicomiso que entrega 14 sub cuencas de ríos para la construcción y generación de energía.
En cuanto al contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH), la legislación dispone que se interponga denuncia formal ante el Ministerio Público. La finalidad es que ese organismo investigue las negociaciones previas efectuadas desde Colombia, Panamá y Honduras antes de la adjudicación del contrato y posterior a la misma.
Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas deberá efectuar una Auditoría de inteligencia financiera y Cumplimiento Legal. El informe de esa auditoría lo deberá presentar en ante ese Poder del Estado en un plazo no mayor de 30 días a partir de la publicación de la ley.
Cancelación del ODS
También deroga la resolución de la CREE-91-2020 de aumentar de forma injustificada el precio del costo base de la potencia firme de energía.
Del mismo modo, la normativa cancela el Operador del Sistema (ODS) y ordena la devolución de sus instalaciones.
Además, autoriza a la ENEE para que desarrolle un programa de emergencia masiva de electrificación rural, mediante tecnología solar/híbrida.
Por otra parte, el proyecto de ley autoriza a la estatal eléctrica elaborar, apruebe e
implemente un Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, con acciones en el corto, mediano y largo plazo.
Comisión de auditoría
Igualmente, la legislación crea la Comisión Nacional de Auditoría que la integrarán un delegado de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, Servicio de Administración de Rentas, Aduanas y Comisión Nacional de Banca y Seguros.
De la misma manera, autoriza a la ENEE para que proceda a la evaluación del recurso humano y la reestructuración administrativa y técnica que sea necesaria.
Actualmente no existen contadores para instalar nuevos servicios, normalizar los clientes conectados directamente y clientes con anomalías. Esto genera un déficit de más de 400 mil aparatos y 33 circuitos de distribución identificados con las mayores pérdidas. Todo eso representa 1,700 millones de lempiras anuales.
La deuda principal en mora de la ENEE con las empresas generadoras de energía térmica y renovable supera los 14 mil millones de lempiras a la cual se suman los intereses calculados por igual cantidad, mientras paradójicamente el Estado otorga beneficios fiscales por más de 24 mil millones de lempiras en los últimos 6 años a estas empresas.
Segunda Parte
Básicamente, la segunda parte de la legislación es una reforma a 10 artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica. Los artículos reformados son el 1, 3, 5 9, 10, 11, 15, 27, 28 y 29 que es una reconfiguración de la dinámica de los actores del sector su eléctrico. Es decir, volver a traer el Centro Nacional de Despacho lo que con la ley general se denominó Operador del Sistema.
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