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viernes, noviembre 22, 2024

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Redacción. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó la medida de auto de formal procesamiento -con prisión preventiva- a cinco agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), acusados de secuestro agravado y otras agresiones sexuales.

La medida la logró la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) a través de la Sección Antisecuestros y Operaciones Especiales.

Los encausados son:

  1. Osmin Orellana Paz
  2. Lester Nahún Uclés
  3. Dilmer Stiven Funez
  4. Andy José Péres
  5. Enrry Michael Cárcamo
Agentes de la DIPAMPCO
A los agentes se les dio captura el pasado miércoles 17 de abril en la ciudad de San Pedro Sula.

El Poder Judicial señaló que la fiscalía en la audiencia inicial ratificó el requerimiento y proporcionó tanto de las pruebas documentales, testificales y periciales, así como las conclusiones en el caso, con la petición de suspenderles el derecho de libre locomoción.

No obstante, la defensa técnica de los encausados rechazó los cargos y pidió que se les diera el sobreseimiento. Pero la determinación concluyó en la privación de libertad. Por ende, los cinco agentes pasarán el término legal de 2 años de prisión en el centro penal de El Progreso, Yoro.

Lea además: Detención judicial a 5 agentes de la DIPAMPCO acusados de secuestro 

Las investigaciones 

Las investigaciones en el caso de parte de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (UNAS-DPI) apuntan que el modus operandi de los agentes era llamar a las víctimas haciéndose pasar por ‘conocidos’.

Una vez que los contactaban, se veían en algún sitio y los subían a los busitos de la misma institución. Luego los llevaban a bordo por varias calles de San Pedro Sula, hasta que les pagaran el rescate. Los costos por el rescate oscilaban entre los 100 y 300 mil lempiras.

Los agentes deberán enfrentar la justicia en prisión por los delitos que se le imputan.

Los expertos también determinaron que si las víctimas eran mujeres, las amenazaban con abusarlas sexualmente y en otros casos les decían que si no pagaban les pondrían drogas, para presentar acusaciones falsas en su contra.

Uno de los expedientes -ya investigado- ocurrió el miércoles 21 de febrero de 2024 cuando las autoridades recibieron una denuncia de un posible secuestro en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula, Cortés.

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