SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una jueza del Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de la ciudad de San Pedro Sula, dictó la medida de auto de prisión preventiva a los siete (7) agentes de la Policía Nacional acusados de sustraer una caja fuerte con una millonaria suma de dinero de una casa en la capital industrial del país.
La medida se logró tras la celebrar la audiencia inicial. Ambas partes procesales presentaron la carga probatoria de cargo y descargo referente a estos agentes de la Dirección Policial de Investigación Criminal (DPI).
De manera formal, la justicia hondureña les imputa a estos ciudadanos 8 delitos de robo agravado en perjuicio de un testigo protegido.
La parte acusadora solicitó la ampliación del término legal de los dos años, mientras que la defensa de los imputados rechazó la acusación y pidió un sobreseimiento.
Lea además: «Aquí está infiltrado el crimen organizado»: Villanueva tras detención de policías
Los policías acusados en esta causa son:
- Rigoberto Ramos Ramos
- Omar Daniel Paguaga Sevilla
- Emerson Gabriel Castillo Martínez
- Luis Gustavo Martínez Estrada
- Bryan Emmanuel Mejía Vásquez
- Félix Manuel Hernández Bonilla
- Enar Moisés Ramos Ochoa
A estos siete agentes de la DPI se les va trasladar al centro penal de Támara, en el valle del mismo nombre en el departamento de Francisco Morazán, donde guardaran la prisión preventiva por un término de dos (2) años.
Proceso judicial
A los siete encausados al principio se les sometió por suponerlos responsables de los delitos de robo por la fuerza agravado, allanamiento de morada por un funcionario público, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, falso testimonio, abuso de autoridad, privación injusta de la libertad y simulación de infracción inexistente en contra de un testigo protegido, inviolabilidad domiciliaria, derechos fundamentales de la sociedad, fe pública, administración pública y de la justicia del Estado.
En tal sentido, al momento que se ratificó el requerimiento fiscal, incorporándose las copias de las actas del expediente, pruebas documentales, periciales y testificales, la fiscalía pidió la privación de libertad de los encausados.
Por su parte, la defensa técnica individual rechazó el requerimiento, oponiéndose a la tesis fiscal con la acreditación de pruebas. En consecuencia, pidieron a la jueza que se les dictará a sus clientes un sobreseimiento.
Sin embargo, la jueza al revisar las circunstancias, recalificó y modificó el ilícito. Esto, por la gravedad de las posibles penas a imponer y el peligro de fuga.
