Hay una demanda insatisfecha de crédito para la producción agropecuaria, que no es posible satisfacer en situación actual del sistema crediticio férreamente regulado a través de los controles de riesgo.
El presidente de PROGRANO, Juan Valladares, dice, por su parte, que sin “préstamos blandos y un buen plazo de créditos, están en desventaja ante la banca privada, y deberían crearse las condiciones para exigir a la banca una revisión del sistema financiero”.
La revisión del sistema financiero no corresponde a la banca privada sino al gobierno, en conformidad con un análisis objetivo de la realidad económica del país y el funcionamiento de los mercados. En Honduras, sin embargo, esa relación no funciona por efecto de las normativas internacionales diseñadas para los países altamente desarrollados.
De acuerdo con la Central de Riesgos de Información Crediticia hay más de un millón de personas endeudadas, de las cuales 115,000 están en morosidad, vale decir aproximadamente el 10% del total de endeudados. Apenas el 5% del crédito bancario se destina al sector agropecuario.
El gobierno, desde principio de año, proclamó un proyecto de producción alimentaria, con un fondo de 1,500 millones de lempiras, distribuidos en dos terceras partes (1,000 millones de lempiras) para plantación de palma aceitera (africana) y el tercio restante (500 millones de lempiras) para agricultura y ganadería.
Sin embargo, las condiciones establecidas para la canalización de estos fondos a través del sistema privado hicieron prácticamente imposible su utilización, simplemente porque las bajas tasas de interés exigidas por el gobierno están muy por debajo del costo de la intermediación, lo cual se traduciría en pérdida por el manejo de dichos fondos.
Asimismo, porque, de acuerdo con los requisitos de garantía sólida ante el riesgo, de hecho mucho más elevado e impredecible en la producción agropecuaria, la mayoría de los medianos y pequeños productores quedan fuera del acceso a estos créditos.
Con los problemas agravados por el cambio climático y los antagonismos existentes en la formulación de ese proyecto de seguridad alimentaria, que, de hecho, desarticula el funcionamiento del principal corredor lechero del país, que recorre el litoral atlántico, ahora orientado a la siembra de palma africana, no hay duda de que el fracaso estaba marcado antes de empezar. A eso habría de agregarse, por supuesto, las enormes distorsiones habidas en las cadenas de valor del mercado local, incluyendo la inevitable e inexpugnable competencia transnacional.
Como vemos, el problema es grave y sumamente difícil de resolver. Menos, todavía, si persiste la incompetencia para establecer —y manejar— una política de producción agropecuaria, que es la base de vuestro desarrollo económico.
