TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) requiere de al menos 35 millones de dólares para echar a funcionar la represa hidroeléctrica Patuca III en Olancho.
Esto, según dio a conocer el gerente Leonarlo Deras, se debe a inconvenientes que surgieron desde su construcción en 2011, a cargo la constructora asiática Sinohidro, mediante un préstamo de $319 millones, entre el Gobierno de Honduras y el Eximbank de China.
«Nos hacen falta aproximadamente $35 millones”, confirmó Deras, pues la cifra del préstamo no fue suficiente, según dijo el gerente de la ENEE, porque debieron pagar indemnizaciones y, además, los costos de la construcción incrementaron.
Para terminar el proyecto, se conoció los recursos que faltan podrían provenir de un préstamo con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) o Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La obra está terminada en un 99 %, pero falta indemnizar al menos 60 familias que serán afectadas por inundaciones en el embalse el próximo año.
“No se les ha pagado no porque la ENEE no quiere, sino porque ellos no han acreditado que son propietarios de dominio pleno de las propiedades”, señaló Deras.
Al mismo tiempo, Deras reveló que el Gobierno, con apoyo del Instituto Nacional Agrario (INA), busca alternativas para legalizar estos predios.
Con los $35 millones de dólares que hacen falta, se pretende pagar indemnizaciones a las familias restantes. También, construir dos puentes que conecten a varias comunidades que se encuentran en la zona de influencia de la construcción.
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Carreteras y reubicación de casas
Por otra parte, falta construir tramos de carreteras que serán necesarios para desviar la vía principal que se ubica en los alrededores del embalse. También se debe re-ubicar una docena de casas que, a pesar de no estar en peligro de inundarse, están en la zona de amortiguamiento.
Pero hasta que no se solucione la problemática del financiamiento exterior, el proyecto no podrá iniciar operaciones. Cabe recordar que tiene dos años de retraso. La meta es que esté termina a inicios del 2020, como parte del plan estratégico de reestructuración del sector eléctrico a cargo del coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora.
Sépalo:
Cabe señalar que el proyecto es objeto de cuestionamientos porque empresas ligadas al crimen organizado recibieron contratos de construcción. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) relevó sobrevaloraciones en la adjudicación de contratos de este mismo proyecto.
