TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El abogado de los policías depurados, Abel Orellana, anunció este día que interpondrá ante el Ministerio Público (MP) una demanda criminal contra la extinta Comisión Depuradora conformada por Julián Pacheco, Vilma Morales, Omar Rivera, Carlos Hernández y German Leitzelar.
De igual manera, el defensor manifestó que el Estado de Honduras podría llegar a pagar alrededor de 2 mil millones de lempiras por demandas de policías depurados.
“Da pesar porque es dinero que el Estado tiene que erogar para pagarle a los expolicías de los impuestos que el pueblo paga”, explicó Orellana.
En ese sentido, el defensor comentó que al Estado le podría resultar más fácil lograr una conciliación y reintegrar a los policías. Esto debido a que si estas demandas se van a una casación, el Estado deberá pagar 2 millones de lempiras a los policías depurados.
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Asimismo, informó que en estos momentos solamente hay cuatro demandas fallidas a favor de los depurados.
Por otra parte, Orellana aseguró que la Comisión Depuradora “negligente” no escuchó a los depurados en una verdadera audiencia de descargo.
“Yo recuerdo cuando Omar Rivera dijo que había pasado 400 expedientes al Ministerio Público. Yo le pregunté que me dijera dónde estaban las resoluciones criminales contra los depurados y no me lo pudo explicar. Entonces, por estas situaciones y mentiras negligentes tenemos preparada la demanda criminal que vamos a presentar para que se deduzcan responsabilidades a la Comisión”, concluyó.
Más de mil policías depurados ganan demanda
Alrededor de mil 300 policías que habían sido depurados ganaron la demanda que interpusieron en contra del Estado de Honduras, así lo dio a conocer German Licona, el representante legal de los exagentes.
En ese sentido, el abogado detalló que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo falló a favor de los exfuncionarios policiales.
Sumado a esto, el profesional del derecho brindó palabras de alivio, en las que manifestó que por fin se está viendo la luz en todo el esfuerzo que se ha venido haciendo. Los más de mil funcionarios policiales fueron separados de sus cargos en el año 2016.
Sobre esto, el abogado Licona señaló que, en aquel momento, «arbitrariamente» una Comisión Depuradora cometió ilícitos al separar injustificadamente a muchos uniformados, que buscaron el restablecimiento de sus derechos.
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