TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado penalista Abel Orellana comentó este miércoles que al menos 4 mil policías interpondrán una demanda millonaria en contra de los exmiembros de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional en Honduras.
En ese sentido, el profesional del Derecho indicó que los encargados del proceso incumplieron las leyes sin siquiera haber escuchado a los señalados en una audiencia oficial.
Además, el penalista aseguró que esa comisión habría actuado en completo abuso de autoridad.
«Sin decir más, se les otorgó el sobrecito blanco sin tan siquiera haberse hecho las debidas investigaciones», dijo Orellana.
Del mismo modo, enfatizó que los representantes legales de la Secretaría de Seguridad no cuentan con las pruebas suficientes, debido a eso no pueden sostener la depuración de los uniformados.
La Comisión de Depuración estuvo conformada desde sus inicios en el año 2016 por el secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano y el representante de la sociedad civil, Omar Rivera.
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Millonaria demanda
«Ya tenemos las instrucciones para presentar una demanda contra estos abusadores de la ley, les demandaremos a esas cuatro personalidades», puntualizó Orellana.
La Comisión Depuradora fue creada a través de un decreto de emergencia aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional el 11 de abril de 2016. Luego, se extendió las funciones de la misma por tres años más.
El equipo legal de los depurados también presentarán un recurso ante la Procuraduría General de la República (PGR), para así tratar que se les deduzca responsabilidades a los miembros de esa comisión.
La demanda no cuantificada se estima que sea de varios millones, pues incluye a más de 4,000 elementos, entre ellos: oficiales, clases, suboficiales y policías de la escala básica.
Esa cifra sumaría una incalculable cantidad millonaria pues la erogación del Estado hondureño abarcaría desde su despido hasta que la demanda adquiera el carácter de firme.
«Estas personas deberán resolver las acciones que tomaron en contra de los uniformados», concluyó.
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