Redacción. Luego de que permanecieran tomadas por varios días las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) en Tegucigalpa, la Policía Nacional (PN) anunció este lunes que procederán a realizar las acciones de desalojo correspondientes en las instalaciones.
A través de un comunicado, las autoridades policiales adivinaron una serie de medias que utilizarán en caso de que los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) continúen con las tomas.
Entre las medidas figura la creación de una comisión que analizará detenidamente todas las actuaciones legales de las personas que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) en actos de protestas y que conculcan los derechos de las personas que realizan diferentes trámites en estas oficinas de gobierno.
Esta comisión está integrada por la Fiscalía General del Estado, con sus fiscales y
agentes técnicos de investigación criminal. Así como también de miembros de la Policía Nacional, con sus diversas unidades policiales.
Los desalojos en el CCG estarán bajo el mando de esta nueva comisión que busca proteger los bienes del Estado que han sido tomados, en especial el Instituto de la Propiedad (IP) y demás áreas. La comisión también determinará los daños ocasionados a las instalaciones de estos entes nacionales.
«En caso de que los manifestantes decidan no entregar las instalaciones del CCG, se procederá a realizar las acciones legales establecidas en nuestros manuales del Uso de la fuerza y del Protocolo de Despeje de vías públicas e Instalaciones», menciona parte del comunicado de la Policía.
Protestas en el Centro Cívico Gubernamental
Las protestas iniciaron desde el jueves 30 de mayo, cuando los empleados del Instituto de la Propiedad (IP), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de la Secretaría de Gestión de Riesgos (Copeco) denunciaron supuestos hostigamientos y persecuciones políticas.
El acoso y despidos, según las diversas denuncias, se deben a que los empleados de las instituciones son afines al precandidato presidencial Jorge Cálix. Este mantiene una férrea disputa con la cúpula de la institución política. A eso se suma la intervención del IP por orden directa de la presidenta Xiomara Castro.
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En ese sentido, el edificio gubernamental permanece cerrado por los manifestantes desde el viernes 31 de mayo. “Seguimos a la espera de una respuesta de la señora presidenta y hasta el momento no hemos recibido nada. Sin embargo, sí tenemos información de que continúan tomando represalias contra nuestros compañeros”, aseguró uno de los dirigentes de la protesta a HCH.
