AFP. La red social Telegram dice que puede darle al gobierno poder de «censura»; Google afirma que aumentaría «la confusión sobre lo que es verdad o mentira».
¿En qué consiste el proyecto de ley en Brasil para regular las plataformas de redes sociales y por qué genera tanta polémica?
¿Cómo surgió el nuevo proyecto?
El proyecto de Ley 2630/2020 fue presentado hace tres años en el Senado, para lidiar con la avalancha de desinformación en línea.
Volvió a discutirse después de que partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieran el 8 de enero las sedes de los tres poderes del Estado.
Supuestamente incitados por desinformación en las redes sociales que afirmaba que el mandatario había perdido la reelección.
Agregaron que la elección se perdió «de manera fraudulenta ante el el izquierdista Lula da Silva», que acaba de asumir el poder. Asimismo, los ataques a escuelas brasileñas, atizaron el debate sobre como combatir contenidos extremistas en redes sociales.
El proyecto cuenta con apoyo del gobierno, parte del Poder Judicial y la coalición de organizaciones de la sociedad civil Direitos na Rede. Pero genera resistencias entre las empresas de tecnología, diputados evangélicos y bolsonaristas.
La Cámara de Diputados aplazó sin fecha su votación prevista a principios de mayo. De ser aprobado, el texto será analizado nuevamente por el Senado.
¿Qué propone el texto?
Actualmente, las empresas moderan el contenido según sus políticas internas (términos de uso), y también actúan cuando existe una orden judicial.
El Marco Civil de Internet, ley brasileña que regula la web desde 2014. Además, establece que las empresas no caen en responsabilidad civil por el contenido publicado por terceros.
Excepto cuando incumplan una orden judicial de removerlo o sean imágenes de desnudez divulgadas sin consentimiento de la víctima.
El proyecto de ley propone cambios.
El texto obliga a las plataformas a aumentar su transparencia y adoptar mecanismos para combatir los contenidos ilegales sobre siete asuntos: ataques contra el Estado de derecho democrático y las elecciones, los niños y adolescentes, la salud pública y los que configuren violencia contra la mujer, racismo, terrorismo, e incitación al suicidio y a la automutilación.
Esto se aplicaría a las plataformas de redes sociales, de búsqueda o de mensajería instantánea que tengan más de 10 millones de usuarios mensuales en Brasil, como Telegram y Google.
«No se les exigirá que moderen (que restrinjan, borren o rotulen) todos esos contenidos, sino que demuestren que están haciendo esfuerzos suficientes para quitarlos de circulación», explica a la AFP Pablo Ortellado, profesor de políticas públicas de la Universidad de Sao Paulo (USP).
Por ejemplo, con informes semestrales donde detallen «cuántos contenidos removieron, qué equipos reunieron y qué programas diseñaron para combatir esos contenidos», y con la contratación de una auditoría externa, agrega.
El proyecto también establece que las plataformas pueden responder judicialmente por contenidos ilegales publicados por sus usuarios en caso de que funcionen como propaganda paga.
Las sanciones van desde advertencias, multas de hasta 10% de su facturación, o la suspensión temporaria de los servicios.
¿Qué alegan las grandes plataformas?
Telegram envió esta semana a todos sus usuarios un mensaje en el que advertía que la «democracia está bajo ataque» en Brasil, criticando que el proyecto «permite que el gobierno limite lo que se pueda decir en línea al obligar a las aplicaciones a remover proactivamente hechos u opiniones que considera ‘inaceptables'».
Google, por su parte, afirmó que la propuesta «trae serias amenazas a la libertad de expresión», al responsabilizar a las plataformas por contenidos de terceros, lo que conduciría a una «moderación excesiva».
«Las empresas recibirían estímulos para remover discursos legítimos, resultando en un bloqueo excesivo y una nueva forma de censura», escribió el 27 de abril Marcelo Lacerda, director de relaciones gubernamentales y políticas públicas de Google Brasil.
¿Quién se encargará del control? –
El proyecto no especifica el órgano que supervisará el cumplimiento de la ley, un defecto importante según especialistas.
«Debido a las controversias, a las acusaciones de la supuesta creación de un ‘Ministerio de la Verdad’, retiraron la (creación de una) agencia reguladora de la última versión», apunta Ortellado.
Eso es «peligroso», porque podría justamente caer en manos de algún órgano político y no técnico e independiente, advierte.
¿Inspirado en el modelo europeo?
La propuesta se inspira en la Ley de Servicios Digitales (DSA) recientemente aprobada en la Unión Europea (UE).
Esa legislación obliga a las plataformas de redes sociales, los mercados en línea y los motores de búsqueda a reaccionar más rápidamente para eliminar el contenido que se considera que infringe las normas de la UE, y les exige una mayor transparencia de sus algoritmos y sistemas de recomendación.
