REDACCIÓN. Un grupo de diputados opositores pidieron ayer a la Asamblea Legislativa de El Salvador, iniciar un proceso para destituir de su cargo presidencial, al mandatario Nayib Bukele, según los políticos, los motivos serían que el gobernante no tiene ni la capacidad física ni psicológica para continuar en el poder.
“O estamos ante un delincuente o estamos ante un loco, estamos ante un trastornado que carece de facultades para ejercer el cargo”, dijo el diputado Ricardo Velásquez Parker, al presentar la moción.
Avances
La petición del diputado de Arena, fue respaldada por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Para que la petición pueda avanzar debe ser avalada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. En caso que fuera aceptada, sería la primera vez que un suceso de esa magnitud ocurre en el país.
Velásquez Parker, pide que se active el artículo 131 inciso 20 de la Constitución para que con al menos dos tercios de los votos de los diputados electos (56), se declare la incapacidad física o mental del presidente.
Sin embargo, para que las autoridades puedan dar un veredicto final, primero el mandatario debería someterse a una serie de exámenes físicos y mentales, supervisados por una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea.
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Declaraciones de Bukele
“Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados ‘defensores de la democracia’ mantener total silencio ante el intento de un Golpe de Estado parlamentario, a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules”, respondió en su cuenta de Twitter el presidente.
“Pueden estar de acuerdo con este Gobierno o no, pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable. Destapar ante todos, sin que quede ninguna duda, que Arena y el FMLN en realidad son aliados, los intereses que defienden son los mismos. En realidad, son lo mismo”, agregó el mandatario.
El abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una ONG especializada en contraloría social, dijo a un medio internacional, que pese que es una atribución de la Asamblea Legislativa, “debe ser manejado con total seriedad, con total responsabilidad por las consecuencias políticas que pueden derivarse de hacer uso de esta prerrogativa”, aseguró Escobar.
Según medios salvadoreños, será en el trascurso de está semana, que se sabrá la respuesta de la Asamblea Legislativa.
Fuente: Infobae
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