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TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Procuraduría General de la República (PGR) envió un informe al Congreso Nacional (CN) sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012.

Por su parte, quien funge como presidente del CN, Luis Redondo, envió un mensaje a los diputados que participaron en 2012 sobre lo sucedido hace casi una década.

Luis Redondo
Luis Redondo, presidente del CN.

«De la parte que compete a este Congreso Nacional, no nos cabe la menor duda que vamos a hacer todo lo necesario para que se puedan resarcir los daños. También, para que se pueda hacer justicia y que puedan pagar aquellos que se prestaron a este acto bochornoso que abrió la reelección en Honduras y que permitió que una estructura criminal se apoderara del poder en el país», dijo Redondo.

Asimismo, la PGR, en su misiva al Poder Legislativo, aseguró que se debe definir una postura sobre la destitución “arbitraria de José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo, José Ramírez y Rosa Lina Cruz de sus cargos de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)” y cuyo caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro lado, la PGR indicó que lo sucedido fue un acto de injerencia del poder político sobre la independencia judicial, por lo que ahora solicita al CN delegar a dos funcionarios para que conformen una mesa de trabajo y definir un litigio sobre el caso.

Procuraduría General de la República (PGR).

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Ante ello, el presidente del Poder Legislativo, aseveró que les enviaron “correspondencia sobre las consecuencias de esos delitos y van a tener que rendir cuenta los diputados que en aquel entonces participaron en ese hecho”.

¿Qué sucedió en 2012?

Según palabras de Redondo, «el 12 de diciembre del 2012 desde este poder del Estado, se empezó a orquestar lo que hoy los hechos han marcado en la historia desde las consecuencias de un golpe de Estado».

Asimismo, Redondo continúo explicando que la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, se sigue sufriendo casi 10 años después.

«Ahora sufrimos las consecuencias de una estructura criminal que hoy está a punto de extraditar a su líder. Desde este poder del Estado se conspiró para tomar el poder, hoy tenemos que responder a esto», aseveró Redondo.

Por su parte, Redondo aseguró que «los daños no los van a pagar los que estuvieron en ese momento, claro, por ahora».


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