Redacción. La crisis que atraviesa el sistema penitenciario de Honduras y que parece no tener un final, ha hecho que entes de Derechos Humanos (DDHH) propongan otorgar el indulto a los presos que cometieron «delitos menores», como una medida para lograr la paz dentro de las cárceles.
El presidente del Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, lanzó esa y otras dos propuestas más, arguyendo que estas podrían generar tranquilidad en los centros penitenciarios.
«Desde el CODEH estamos planteando tres cosas para mantener la paz, la tranquilidad en el sistema penitenciario del país. La primera es que debe existir una ley que nos ayude a rehabilitar al privado de libertad. Dos, necesitamos que se aplique un indulto para determinados delitos y poder ayudar a algunos privados de libertad con delitos menores», expresó.
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En ese sentido, como tercer punto, Maldonado sostuvo que «deben de separarse los grupos que están revueltos en los centros penitenciarios del país».
Antecedentes
Desde el pasado 8 de abril se registraron tiroteos en cuatro cárceles del país, entre ellos el centro penal de Siria y el de Támara, ubicados en Francisco Morazán. Asimismo, en La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso; y «El Pozo», en Ilama, Santa Bárbara.
Como consecuencia de los violentos disturbios ocurridos durante ese ‘Sábado Santo’, se registró la muerte de una persona, y otras siete resultaron heridas.
De inmediato, la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención de las cárceles a nivel nacional. No obstante, como una respuesta a las palabras de la mandataria, se produjeron otros enfrentamientos al día siguiente que sólo dejaron heridos.
Ante la problemática, la mandataria nombró a la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, como nueva encargada de dirigir un plan de intervención en las cárceles de Honduras.
Es así, que Villanueva presentó el día de ayer la Solución Contra el Crimen (SCC), el plan de intervención que contempla 10 medidas para paliar la problemática en los centros penales del país. Sin embargo, los defensores de DD.HH. están proponiendo opciones alternativas como el indulto.
Propuesta de indulto
El indulto es un beneficio que debe ser otorgado por la presidencia de la República con base a un estudio aplicable en cuestiones políticas (casos de presos políticos), o cuestiones humanitarias (casos de enfermos terminales).
Por su parte, el abogado penalista, Carlos Alvarenga, catalogó la iniciativa del indulto a los presos como «una propuesta tristemente desacertada» por parte del CODEH.
El togado dijo a Diario Tiempo que «poner en libertad a quienes hayan cometido delitos menores es ridículo«, tomando en cuenta que algunos presos con delitos menores podrían pertenecer a estructuras criminales.
Alvarenga aseguró que esta medida no es adecuada, y menos «ahora que necesitamos tener a todos los criminales presos y que haya gente que esté proponiendo sacarlos… A mí, en lo particular me parece tristemente desacertada la propuesta esa».
Por otra parte, el abogado señaló que esta iniciativa no se podría llevar a cabo puesto que no se tiene la capacidad instalada para determinar la peligrosidad de una persona.
Hacinamiento
Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en las 25 cárceles y el anexo del primer batallón se encuentran encarceladas alrededor de 19,450 personas.
Esta cifra denota una sobrepoblación, dado a que se estima que la capacidad de las cárceles es de 13,051 presos. Lo anterior, significa que hay unos 6,000 prisioneros más de los debidos. Este número representa un 49% de sobrepoblación en los centros penales.
Por esta situación, entes de Derechos Humanos consideran necesario descongestionar las cárceles. En el caso del CONAPREV, esta organización está impulsando una ley en el Congreso Nacional, con el fin de garantizar mejoras en la calidad de vida de los privados de libertad.
«El tema de la clasificación y ubicación de las personas privadas de libertad, eso debe ser como una prioridad de la nueva intervención que se hará», dijo la comisionada de CONAPREV, Melissa Escoto.
Sin embargo, el abogado Carlos Alvarenga considera que el hacinamiento no es el origen de la crisis en las cárceles. «El hacinamiento por hacinamiento no es el problema de estas riñas entre pandillas. El problema es otro, la corrupción, que les pasan armas (a los reos), que tienen a las maras en el misma penitenciaria», explicó.
Alvarenga agregó que «vaciar las cárceles» sólo desembocará «en más delincuencia en las calles y por lo tanto, quien saldrá perjudicado es el pueblo«.
Otros problemas del sistema carcelario
El defensor de DDHH, Carlos Sierra, sostuvo que se deberían enfocar en diversos puntos para realmente ayudar a solventar la crisis carcelaria de Honduras.
«Tenemos que hablar del tema de presupuesto en materia de seguridad, materia alimenticia y condiciones a lo interno de los privados de libertad», señaló al respecto.
Asimismo, Sierra trajo a mención el problema de la mora judicial, pues según él, ésta se encuentra arriba del 50% y afecta a «personas que están ahí (y que) no deberían estar».
Empero, dejó claro que el problema central que aqueja a los centros penitenciarios es la corrupción. «El sistema penitenciario en todos sus niveles se corrompió«, sentenció.
Estrategias en cárceles
La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, dio a conocer recientemente las diez estrategias que se tiene contemplado llevar a cabo como parte del plan de intervención designado por Castro.
- Desarme real a través de registros manuales y electrónicos, permanentes en el 100% de las instalaciones físicas.
- Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.
- Remoción y depuración del personal penitenciario en todas las cárceles iniciando con una evaluación exhaustiva e inmediata a los directores de los recintos penitenciarios de La Tolva, El Pozo y Porvenir.
- Intervención de emergencia y desarrollo de tecnología, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica, con control las 24 horas del día.
- Traslados y reubicación de los privados de libertad en los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso. Se iniciará con Támara, El Pozo, La Tolva y Siria.
- Se van a reclasificar y aislar los privados de libertad con vínculos con la criminalidad organizada. Es decir, a las maras, pandillas, narcotráfico y tráfico de armas.
- Revisar los expedientes administrativos de los privados de libertad, para ver si tienen enfermedades terminales, proceso de pre-liberación y otras condiciones.
- Evaluar y aplicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles.
- Aumentar el número de agentes penitenciarios y policías, dotarles de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y la revisión de un ajuste salarial.
- Crear el banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad. En este punto, apoyándose de la ciencia.
Expectativas y nuevo tiroteo
Luego de la presentación de Villanueva, se generaron opiniones encontradas de todos los sectores, pues hay quienes refieren que las medidas son «flojas». Otros, simplemente prefieren darle el beneficio de la duda. Aunque la pregunta es, ¿funcionará la estrategia?
Mientras tanto, la tarde de ayer, miércoles, se registró otro tiroteo en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara. Los vecinos de esa zona relataron los momentos de suspenso y zozobra que vivieron al escuchar las ráfagas de disparos. Tras el hecho se informó que al menos siete presos resultaron heridos.
