TEGUCIGALPA. El expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa aseguró este jueves que él y su familia están siendo «perseguidos por gente de Lempira», debido a que los jueces que integraron el tribunal y declararon culpable a su esposa por delitos de corrupción pertenecen a ese departamento.
«Como que estamos siendo perseguidos por la gente de Lempira (…), son restos de los mismos, hay que seguir la hebra, no nos engañemos, aquí todos nos conocemos», dijo «Pepe» Lobo.
Además, se quejó que por mayoría de votos (dos jueces de Lempira) se procedió al cambio de medidas y ahora su esposa deberá retornar a prisión tras el fallo judicial.
“Ellos contravinieron una sentencia firme de la Sala de lo Penal. Vamos a hacer todo lo que corresponda, pero se sigue violentando la ley en Honduras”, exclamó.
El exmandatario lamentó que la familia Lobo-Bonilla volverá a sufrir separación y que sean los menores los que sufran las mayores consecuencias.
Esta mañana, luego de que declararan culpable a Rosa Elena Bonilla por el delito de fraude y de apropiación ilícita, el Tribunal de sentencia suspendió las medidas sustitutivas y dictó prisión preventiva.
El cambio de medidas significa que la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, volverá a la prisión hasta que se le dicte la sentencia condenatoria.
Junto a ella, también declararon culpable a su ex secretario privado Saúl Escobar, a quien se le acusa por los mismos cargos de Bonilla.
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Acusación
El caso Caja Chica de la dama fue presentando por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y tuvo que ver con el desvío de fondo para ayuda social.
De acuerdo con el expediente, entre el 2010 y 2014, Rosa Elena Bonilla y Saúl Escobar iniciaron el proyecto «Calzando y uniformando la niñez hondureña».
En ese proyecto, ellos, supuestamente, hicieron «falsas contrataciones con el objetivo de desviar los fondos que eran destinados» para esta iniciativa.
Según el tribunal, los acusados firmaron contratos con ocho supuestos proveedores de zapatos. A estos proveedores entregaron «cheques que suman más de 6 millones de lempiras por la entrega de material que nunca se entregó a los beneficiarios».
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