TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como una «aberración legislativa» calificó el abogado José Antonio Martínez, la propuesta de indemnizar a beneficiados con la Ley de Amnistía Política.
El profesional del derecho comentó que esa idea no tiene nada positivo y que, de aprobarse, solo provocaría consecuencias negativas para el país.
Expuso que no es para nada viable una ley de esa magnitud, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se han beneficiado con esa norma. «Son muchas las personas y cuánta es la cantidad que se les va a entregar, serían cantidades millonarias», dijo en declaraciones a Hoy Mismo.
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Un duro golpe a la economía
Martínez expresó que aprobar algo como indemnizar a beneficiados por Amnistía Política, vendría a golpear las finanzas de Honduras.
«Estamos en una condición muy difícil, la presidenta de la República recibió este país en bancarrota y ahora súmele esas cantidades millonarias de indemnización, yo creo que no es conveniente», subrayó.
Además el abogado indicó que esa propuesta hasta podría aplicar para individuos que ni siquiera figuran como «presos políticos» .
«Hemos escuchado en los medios de comunicación, que muchas personas se han acogido en la amnistía, pero que realmente han cometidos delitos que no son políticos y de entrada hay que pagarles indemnización, o sea más bien hay que premiarlos, habiendo defraudado las arcas del Estado», cuestionó el letrado.
Es una «aberración legislativa»
El entrevistado señaló que el pagarle a personas que le fallaron al Estado, es una total «aberración legislativa«.
«Me parece una aberración legislativa y hay que tener mucho cuidado diputados. La verdad el pueblo hondureño estamos a la expectativa, los estamos observando y vamos a condenar ese mal actuar del Congreso Nacional«, sentenció.
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Proyecto presentado por el PSH
Parte de parlamentarios del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentaron el proyecto que busca indemnizar a los personajes que fueron criminalizados por el golpe de Estado en 2009 y otras actividades políticas.
“Es decir, venimos de una dictadura, de un proceso electoral fraudulento en el año 2017, donde al menos 43 víctimas fallecieron por ejercer su derecho a la protesta. Entonces esas victimas tienen que ser indemnizadas porque estos ciudadanos lo que estaban haciendo era defendiendo la democracia y eso no se hizo”, citó la diputada Maribel Espinoza.
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